El Fondo Monetario Internacional (FMI) se niega a girar 1.000 millones de dólares frescos para que las provincias rescaten los títulos provinciales en circulación, pero en cambio acepta que la suba en las tarifas de los servicios públicos se vaya instrumentando de manera escalonada, para minimizar el impacto sobre el índice de precios al consumidor. Así lo consignaron ayer fuentes gubernamentales, al término de la primera jornada de gestiones efectuadas en Washington por el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, ante las autoridades del organismo multilateral, con vistas a lograr un acuerdo que permita refinanciar unos 15.000 millones de dólares que vencen en lo que resta del año y durante el 2003.
Nielsen se entrevistó con el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Anoop Singh, el encargado del caso argentino, John Thornton, y el especialista en temas bancarios del organismo, John Dodsworth. La delegación argentina está integrada -además de Nielsen- por Gabriel Rubistein, Sebastián Palla, asesores de la secretaría de Finanzas, y por los directores del Banco Central, Alejandro Henke y Marcelo Biffi.
En este primer encuentro, "Nielsen insistió en la necesidad de recibir 1.000 millones de dólares de dinero fresco para rescatar de una sola vez todos los bonos, pero el Fondo sólo ofrece 700 millones y con condiciones", reveló un funcionario del Palacio de Hacienda. Estas condiciones son un mayor ajuste fiscal a las provincias, algo que ya fue rechazado tanto por los gobernadores como por la Nación.
Según estimaciones privadas, en base a datos oficiales, habría unos 2.300 millones de pesos emitidos por las provincias, más otros 2.200 millones de Lecop de la administración central.
A pesar de este contratiempo, el funcionario, que pidió el anonimato, destacó que "hubo un gran acercamiento" y que el Fondo aceptaría un aumento escalonado de tarifas.
Este aumento se iniciaría el mes próximo con un alza del 10 por ciento en energía eléctrica, gas y agua, para acumular hasta un 30 por ciento hasta mayo próximo, en lugar de un incremento único como a priori solicitaba el Fondo.
Durante su primer día de contactos en Washington, Nielsen también se puso a definir la reestructuración del sistema financiero que se comprometerá a efectuar la Argentina, lo cual deberá quedar plasmado en la carta de intención que se redacte.
Sobre este tema, el Ministerio de Economía está dispuesto a aceptar una fórmula de inmunidad parcial para los funcionarios de la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central, pero no una generosa y a toda la cúpula del organismo, tal como lo pretende el FMI.
Nielsen le notificó además formalmente al Fondo que se aceptará una auditoria externa para el Banco Nación "y se invitará a los otros bancos oficiales" especialmente el Provincia de Buenos Aires y al Ciudad a que "acepten esta ayuda" que el Fondo propone.
En este marco de acercamientos y rechazos en el que se mueve esta negociación, en Economía se bajó el perfil de esta reunión y no se informó con mayor precisión sobre las reuniones mantenidas ayer por Nielsen.
Incluso se destacó que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, tiene hechas las reservas para viajar a Washington "si es necesario", pero hasta el momento no hay nada previsto, si bien en los pasillos del Palacio de Hacienda se descontaba ayer que finalmente Lavagna se embarcará hacia los Estados Unidos dentro de los plazos previstos.
Además "que el ministro viaje, no quiere decir que se está cerca de un acuerdo", advirtió cauteloso un vocero del Palacio de Hacienda, interesado en restar presión a la previa del encuentro.
Nielsen proseguirá hoy con una serie de encuentros con la cúpula del FMI e incluso se espera que mantenga contactos con la vicedirectora gerente del organismo, Anne Krueger.
El trabajo de Nielsen es orientar los últimos pasos de la negociación para que al arribo de Lavagna se de la puntada final a la redacción de la carta de intención y se firme en forma inmediata.
Pese a la cautela oficial que reina en el Palacio de Hacienda, desde el ala política del Gobierno se insiste en que la firma del acuerdo es un hecho.
En este orden, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, se mostró ayer optimista respecto del viaje que emprendió la misión argentina a Washington para encarar la última etapa de la negociación con el Fondo, al afirmar que "estamos muy cerca de cerrar esta novela en capítulos".
Atanasof dijo que "las características y formas en el aumento de tarifas van a ser anunciados oportunamente", cuando se le preguntó si el Poder Ejecutivo podría apelar al decreto para imponer un incremento, tal como reclama el Fondo.
Una fecha límite
Más allá de todas las idas y vueltas, las negociaciones con el Fondo tienen como fecha límite el 9 de noviembre, cuando vencen 800 millones de dólares de un crédito otorgado por el Banco Mundial.
Argentina ya anunció que no pagará con reservas ese vencimiento, lo que la haría caer en cesación de pagos con los organismos internacionales de crédito, a los cuales les abonó unos 4.000 millones de dólares en lo que va del año.
Lavagna descartó en reiteradas oportunidades que se vaya a establecer un acuerdo de corto plazo que se extienda hasta el final del mandato de este gobierno, previsto para mayo, para que luego el nuevo presidente deba iniciar negociaciones para un nuevo plan de más largo plazo.
"En principio estamos hablando de un solo acuerdo, con la idea de que pueda terminar en diciembre del 2003, de manera de que el próximo presidente no tenga que ponerse a negociar inmediatamente, sino que tenga tiempo suficiente para organizar sus equipos y política", dijo Lavagna.
La Ciudad
