Jorge Salum / La Capital
Los tres policías acusados de someter sexualmente a una chica de 16 años en la comisaría 1º la madrugada del 26 de julio fueron procesados ayer en tiempo récord por el juez que investiga el caso y ahora serán enjuiciados por violación y otros graves delitos. También fueron procesados otros seis efectivos policiales, incluido el ex jefe de la seccional, aunque sólo cuatro continúan detenidos.
Los policías procesados por la violación son el oficial ayudante Juan Manuel Morales, el oficial subayudante Fabián Patricio Ibarra y el cabo Ariel Marcelo Canelo. Según las evidencias recogidas por la investigación, son los tres autores materiales de la violación de la adolescente.
Los otros son los sargentos Carlos Puchot y Ernesto Oscar Olmedo, el cabo Cristian Ernesto Segantini y los agentes Diego Mauricio Juárez y Gabriela Adriana Scaravilli. A ellos se los juzgará por delitos colaterales que permitieron armar el escenario para la triple violación y luego la ocultaron. Puchot, Segantini y Juárez fueron excarcelados ayer.
El noveno procesado es el comisario Alfredo Duilio Porta Guardia. Como era el jefe de la comisaría, está acusado de encubrir los graves delitos cometidos por su personal. Ni él ni Gabriela Scaravilli estuvieron nunca detenidos por este caso.
El juez que dictó los procesamientos, Adolfo Prunotto Laborde, dijo que los indicios reunidos en el expediente son "más que suficientes" para dar crédito a la denuncia de la víctima y señalar a los imputados como los autores de este gravísimo episodio.
La resolución de Prunotto se conoció 15 días después de que este diario hizo público el caso. Cuando eso ocurrió la denuncia llevaba 21 días en el despacho de otro juez, Eduardo Suárez Romero, que fue criticado por no imprimirle a la investigación la celeridad que requería. La publicación no sólo aceleró las pesquisas sino que desencadenó la remoción de todo el personal de la comisaría donde ocurrieron los hechos por decisión del ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo.
Prunotto dividió el caso en varios hechos. El primero fue la detención ilegal de un menor que estaba con la chica que luego sería violada. El segundo es el traslado de ambos a la seccional, donde su ingreso no fue registrado. El tercero es un pedido de coima a la madre del detenido para dejarlo libre. Y el cuarto es la triple violación. Aunque no todos lo hicieron de la misma manera, los nueve policías tuvieron algún tipo de participación en estas conductas ilegales.
Según Prunotto, todas las evidencias reunidas en el expediente prueban que los hechos existieron y ocurrieron como los cuenta la víctima. Entre esas evidencias destaca el minucioso relato de la jovencita, que describió con amplios detalles cada uno de los lugares de la comisaría donde estuvo aquella noche y también la apariencia física de sus agresores, a quienes luego reconoció sin ningún margen de dudas en rueda de personas.
El caso ocurrió el 26 de julio. Esa madrugada un policía vestido de civil detuvo ilegalmente en 1º de Mayo y 3 de Febrero a un chico llamado Ezequiel, sospechoso de cometer un robo. Ese hombre es el sargento Olmedo, quien a la hora del procedimiento debía estar custodiando el Concejo Municipal. Junto al detenido estaba la chica a la que luego violarían.
Además de robarle dinero y un arma a su presa, el operativo de Olmedo fue el que derivó en la intervención de los policías de la seccional 1º. De allí se llevaron a la parejita a la comisaría. Un rato después usaron a la chica para pedir a la madre de su amigo 200 pesos para dejarlo libre. Y más tarde la violaron repetidamente.
El que estaba a cargo de la seccional era el oficial Morales. Tanto él como sus subordinados cometieron una serie impresionante de delitos, según se desprende de la resolución de Prunotto. El detalle de esos delitos es el siguiente:
* A Morales, Ibarra y Canelo los considera partícipes de la detención ilegal del chico, el intento de extorsión por el pedido del dinero a cambio de la libertad, la violación y las amenazas para que nunca los denunciara. Todos estos delitos se agravan por haber sido cometido por varias personas y porque lo hicieron mientras ejercían sus cargos públicos.
* A Olmedo lo acusa de robarle dinero y un arma a Ezequiel, el chico con el que estaba la víctima de la triple violación cuando la llevaron a la comisaría.
* A Porta Guardia le imputa no haber investigado y denunciado penalmente lo que le informó la sargento Mirta del Valle Gallardo, jefa de la custodia del Concejo Municipal, quien le contó al jefe de la comisaría el robo cometido por el sargento Olmedo (ver pie de página).
* A Segantini le atribuye haber violado sus deberes de funcionario al no registrar en el libro de guardia el ingreso del detenido y su amiga. Además lo procesó como partícipe de la detención ilegal y el intento de extorsión a la madre del detenido.
* A Puchot y Scaravilli le imputa la violación de sus deberes y la participación primaria en la detención ilegal.
Entre los indicios más fuertes citados por el juez figuran la declaración de la sargento Gallardo, quien según Prunotto contribuyó "notablemente" a desentrañar lo ocurrido aquella madrugada, y el relato del testigo Hernán Anillo, que presenció la detención de Ezequiel y luego se presentó a declarar. Para el magistrado esta fue una "conducta cívica digna de destacarse".
Estos testimonios permitieron corroborar casi cada detalle de la denuncia realizada por la víctima. Ayer ninguno de los procesados había apelado. Aunque todavía pueden hacerlo, lo más probable es que el caso vaya directamente a juicio.
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La Ciudad
