El juicio político a la Corte Suprema fue rechazado ayer a la madrugada en la Cámara de Diputados por el justicialismo, ya que los impulsores de la acusación, si bien se impusieron en seis votaciones, no obtuvieron los dos tercios necesarios para aprobarlo.
De esa forma, el medio centenar de denuncias que durante dos días los diputados acusadores expusieron ante sus pares fueron descartadas por la mayoría del PJ como motivos de enjuiciamiento.
La votación más reñida fue la que tuvo al presidente Julio Nazareno como acusado: 143 diputados se inclinaron a favor de su juicio, 90 en contra y dos se abstuvieron.
Los acusadores quedaron así a 13 diputados de los dos tercios necesarios.
Eduardo Moliné O'Connor (139-96), Augusto Belluscio (122-110), Guillermo López (132-98), Adolfo Vázquez (140-94) y Antonio Boggiano (131-94) también tuvieron más votos en contra que a favor.
En cambio, Enrique Petracchi (72-158), Carlos Fayt (85-136) y Gustavo Bossert (63-169) obtuvieron una mayoría de votos favorables.
El grueso de los diputados apareció en el recinto recién cuando se acercaba la votación, en plena madrugada del viernes.
Durante la mayor parte de la presentación de las denuncias el número de presentes fue inferior al quórum, un dato que mostró el desinterés por conocer los detalles de las acusaciones.
La votación, el momento culminante del juicio que se concretó a las 2.56 de ayer, fue precedida por los gritos de la oposición contra el presidente de la cámara baja, Eduardo Camaño.
Así expresaron su enojo por la decisión de interrumpir la lista de oradores e impedir, por ejemplo, el cierre de Elisa Carrió (ARI), y por la negativa a que cada diputado expresara en voz alta el sentido de su voto.
Festejos y chicanas
Los pocos festejos unieron a Roggero con la menemista Lelia Chaya en un abrazo, y se expresaron a través de las felicitaciones mutuas de otros menemistas, como Ricardo Quintela y Omar Becerra.
Cuando el justicialista disidente Ricardo Falú, uno de los principales impulsores del juicio, se retiró del recinto por el pasillo lindante a las butacas ocupadas por sus colegas de bloque recibió una andanada de comentarios agresivos.
"Ahora vayan a buscar prensa a otro lado", le gritó, por ejemplo, la santafesina María del Carmen Alarcón.
La referencia de Alarcón no fue casual y puede interpretarse por carácter transitivo. Falú integra el Grupo Talcahuano junto con el santafesino Julio Gutiérrez, quien denunció la semana pasada ante La Capital el cobro de sobresueldos en negro en la bancada peronista. Este hecho motivó que Alarcón pidiera la renuncia de Gutiérrez a los cargos partidarios.
Salvo Alarcón, el resto de los diputados peronistas por Santa Fe votaron a favor del enjuiciamiento de los miembros de la Corte (ver aparte).
Con el juicio archivado, el gobierno se manifestó "satisfecho". El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, sostuvo que con esta decisión parlamentaria se eliminó "el clima de incertidumbre" que se había creado en torno de uno de los poderes del Estado.
Sin embargo, Atanasof dijo que del debate "seguramente surgen algunas cuestiones que dan lugar al análisis de las conductas, pero esto ya es privativo de cada institución, de las personas o eventualmente de los medios de comunicación". El ministro no especificó a qué conductas estaba haciendo referencia.
Por el lado del máximo tribunal, Moliné O'Connor y Bossert fueron los encargados de amplificar la sensación de los jueces tras la votación.
"La Corte nunca ha tomado represalias. Si hubiera querido tomar represalias habría dictado fallos que hubieran afectado al gobierno, a la gobernabilidad o a la Nación en su conjunto a partir del 5 de febrero, que fue cuando se constituyó la comisión y comenzaron las acusaciones", disparó Moliné O'Connor.
Más diplomáticas fueron las expresiones de Bossert. "Lo que me llamó la atención y realmente me arruinó un poco el ánimo fue la larga espera, más que un embarazo de una mujer, prácticamente, de no sé cuántos meses", señaló el magistrado en tono informal.
Una larga lista de acusaciones
El juicio político, que por su extensión y alcance sólo encuentra como antecedente el proceso de 1946 encabezado por el peronismo contra los magistrados del golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, había comenzado la noche del miércoles.
Desde entonces y hasta la tarde del jueves, el grupo de justicialistas rebeldes, diputados del ARI y radicales de la comisión de Juicio Político expuso cada una de las denuncias.
Entre ellas, la decisión de declarar nula una cláusula constitucional que impedía a Carlos Fayt seguir en el cargo, las falencias de la investigación por el atentado contra la embajada de Israel, la participación en la causa por contrabando de armas, las contradicciones de los fallos sobre el corralito financiero y el aval al rebalanceo de las tarifas telefónicas.
La defensa de los jueces fue protagonizada predominantemente por los diputados menemistas.
El pampeano Manuel Baladrón coincidió con su colega de La Rioja Alejandra Oviedo, al sostener que el juicio político a la Corte "está teñido de una clara especulación política".
Sin embargo, a pesar de la escasez de discursos favorables, la Corte Suprema quedó perdonada de un proceso que la tuvo durante cinco meses en el banquillo de los acusados.
La Ciudad
