El gobierno está dispuesto a avanzar con el aumento de tarifas, a pesar de la oposición de las entidades de consumidores y de la medida judicial que frenó la discusión sobre el tema. La estrategia del Palacio de Hacienda es formalizar la convocatoria a las audiencias públicas a través de los entes reguladores de servicios, a partir de la semana próxima, y con la intención de tener el nuevo cuadro tarifario en vigencia dentro de 45 días.
El anuncio fue formulado ayer por la oficina de prensa del Palacio de Hacienda, que indicó que las audiencias públicas comenzarán unos 15 días después de la publicación de su convocatoria, por lo que se estima que s realizarán en noviembre, y abarcarán la discusión tarifaria de los servicios de electricidad, gas, teléfonos, agua y peajes de autopistas.
"El Ministerio está convencido de que llegó el momento de fijar aumentos de tarifas que propendan a evitar que por desinversión se produzca una situación que afecte a los usuarios en la normal prestación de los servicios", indicaron voceros del Palacio de Hacienda.
El ministro Roberto Lavagna viene insistiendo con que si no se reestructura el esquema tarifario de los servicios públicos, la calidad de las prestaciones comenzará a decaer en aproximadamente 60 días.
El Ministerio de Economía había hecho un primer intento de convocatoria a audiencias públicas para la reestructuración tarifaria, que habían sido previstas para fines de septiembre y principios de octubre.
La convocatoria fue rechazada por las entidades de defensa de consumidores y usuarios y por la defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveira, quienes aludieron irregularidades en el llamado y violación de la ley de emergencia pública por parte del gobierno.
La ley 25.561 dispone el congelamiento de las tarifas y circunscribe su adecuación a la renegociación de los contratos de concesión como parte de una discusión más amplia que abarque estructura de costos de las empresas; impacto de los eventuales aumentos en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios y los planes de inversión; el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos y la rentabilidad de las empresas.
Para tal fin, la norma establece la creación de una comisión renegociadora, integrada por representantes del Ministerio de Economía, de los entes reguladores y de las asociaciones de usuarios.
El rechazo de las entidades y de Oliveira tomó forma de presentación judicial en el Juzgado número 3 en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo de María Rodríguez Vidal , quien el 27 de septiembre dictó una medida cautelar por la que suspendió las audiencias, convalidando los argumentos de los demandantes, medida apelada luego por el Ejecutivo.
Sin embargo, las fuentes de Economía aseguraron ayer que "en los primeros días de la semana próxima se van a hacer las convocatorias, respetando los plazos legales, esta vez a través de entes reguladores y no de la comisión de renovación de contratos".
En su extenso fallo, la jueza determinó, entre otros motivos, que la celebración de audiencias "con la única finalidad de analizar la solicitudes de recomposición tarifaria de urgencia" de las empresas por fuera del proceso de renegociación, "no se encuentran encuadradas en el procedimiento" diseñado en las normativas vigentes.
Pero los fundamentos presentados por el Palacio de Hacienda atienden sólo a uno de los aspectos contemplados en el fallo, que es la convocatoria a través de los entes reguladores y no a través del Ministerio, según explicaron los voceros.
"El aumento tarifario que surja de este mecanismo será a cuenta de la renegociación de los contratos, en caso de no lograr estos objetivos de incremento se les estaría cargando la mochila en materia tarifaria al próximo gobierno", concluyeron en Economía.
La nueva ofensiva del gobierno había sido anticipada ayer por la mañana por el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, cuando adelantó que "se van a modificar resoluciones anteriores y los entes reguladores podrán llamar a las respectivas audiencias públicas".
La nueva convocatoria contendrá, según se especificó, no sólo el llamado a audiencias públicas, sino que, en el caso de que corresponda, se establecerá el mecanismo de documento de consulta.
En esta mecánica, la discusión por la reactualización tarifaria no se realiza con la participación de público, sino a través de presentaciones por
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