Los senadores prolongan el debate

Recién el miércoles se sabrá si se eliminan todas las jubilaciones VIP

La Cámara alta seguiría el criterio de Diputados para que no quede ningún privilegio en pie, pero el gobierno vetaría

Después de que en la madrugada de ayer el Senado aprobó en general el proyecto de ley que limita las jubilaciones de privilegio, y postergó para el miércoles de la semana que viene el tratamiento en particular, se cree que la mayoría de los legisladores aceptaría el texto que aprobó el 21 de agosto la Cámara de Diputados, en el que se eliminan todos los regímenes.
Sin embargo, el gobierno, a través de la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, adelantó que vetaría aspectos de la ley si finalmente sale así. Y esa decisión hizo que el grueso del bloque radical y algunos representantes del oficialismo decidieran apoyar el texto de Diputados por sentirse liberados de la carga que implicaría votar una ley que podría provocar una catarata de juicios contra el Estado.
La diferencia fundamental reside en el criterio a aplicar en el caso de los jueces, diplomáticos y obispos. Mientras el Ejecutivo y un nutrido grupo de senadores consideran que no deben ser afectados por las limitaciones, los diputados (161 votaron a favor y 2 en contra) y una mayoría de los senadores piensan que deben ser incluídos dentro de las restricciones.
Existe, en cambio, un criterio unánime en el sentido de que deben eliminarse todos los privilegios en las jubilaciones de legisladores, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, secretarios y prosecretarios de las Cámaras legislativas, intendentes, concejales y secretarios y subsecretarios de los concejos deliberantes.
Entre los senadores que argumentaron en favor de introducir cambios, se destacaron los radicales Raúl Baglini y Carlos Prades; los justicialistas Eduardo Menem, Miguel Angel Pichetto y Jorge Yoma, y el representante del Partido Renovador de Salta, Ricardo Gómez Diez.
Uno de los argumentos más recurrentes en este sector fue el que hace referencia a la serie de juicios que se iniciarían contra el Estado, con altas probabilidades de éxito, porque se afectan derechos adquiridos por los aportantes a regímenes especiales.
Baglini lo graficó con cifras. Dijo que los juicios contra el Estado implicaron durante 2001 una erogación de 700 millones de pesos; que el recorte jubilatorio del 13 por ciento motivó 90 mil amparos distribuidos en 24 mil expedientes, con un nivel de costas que alcanzó los 12 millones de pesos; y que los decretos derogatorios de regímenes especiales ya generaron 7.700 causas judiciales y gastos en costas por 36 millones de pesos.
"En consecuencia, no podemos decir que nos importa un pepino el costo de la litigiosidad", sintetizó el senador mendocino.
En la vereda de enfrente se ubicaron los justicialistas Jorge Busti y Cristina Fernández de Kirchner, quienes cuestionaron ácidamente el mantenimiento de cualquier tipo de beneficios.
"Hay que aprobar la media sanción de Diputados. Es justo y muy positivo derogar todos los regímenes especiales de jubilación. Tiene sentido jurídico, porque hay emergencia económica. No se puede tocar el derecho jubilatorio pero sí el monto de lo que se percibe si es por un plazo definido", resumió Busti.