La directora de Asuntos Internos de la policía de Santa Fe, Leyla Perazzo, consideró que el apartamiento de la totalidad del personal de la comisaría 1ª, resuelto el día que tomó estado público la denuncia de triple violación en esa dependencia, fue "una severa injusticia".
Esa medida fue adoptada por el ministro de Gobierno de la provincia, Esteban Borgonovo, en coincidencia con una serie de órdenes tendientes a establecer qué diligencias habían tomado frente a la denuncia las instancias policiales con incumbencia en el caso.
"Solamente procede la separación del cargo cuando están dadas las condiciones para la disponibilidad. Me parece una severa injusticia tener a 40 personas sin trabajar cuando realmente no han cometido un delito. Si violamos la ley cuando juzgamos a los policías, nunca esperemos que los policías cumplan con la ley", sostuvo Perazzo en una entrevista con el programa Medianoche, de Canal 5.
El 26 de septiembre pasado, cuando este diario divulgó que una chica de 16 años había denunciado a tres policías de haberla violado en la seccional 1ª, ningún efectivo de la comisaría 1ª había sido apartado. Es decir que cinco de los seis efectivos hasta anoche presos por el grave episodio -uno de ellos había sido trasladado a la comisaría 21ª- siguieron en sus puestos. "No dispuse los relevos antes porque me enteré de esto ahora. Frente al estado público de semejante denuncia era elemental restablecer la mínima confianza en la gente y eso no podía ocurrir si el mismo personal, mientras se investiga el caso, seguía en la comisaría", dijo Borgonovo entonces para sustentar tal medida preventiva.
El sábado pasado, cuando quedaron presos los seis policías que estuvieron de guardia la noche del 26 de julio, los efectivos desvinculados de la investigación fueron reintegrados a sus cargos en la 1ª.
Remover a menos era posible
La razón esgrimida para que a 21 días de la denuncia de la triple violación ningún policía hubiera sido apartado de la 1ª fue que la acusación no precisaba con exactitud la fecha. Y que si se tomaban medidas se apartaría, en forma injusta, a la mayoría del personal, que nada tuvo que ver con el hecho.
Pero habría bastado que la policía actuara reglamentariamente para evitar la remoción general de la dotación. Lo que, según fuentes policiales, era sencillo. Las fuentes indicaron que en la seccional 1ª trabajaban, en la época de la denuncia, dos tercios fijos de cinco hombres en horario nocturno. Los policías cumplían 12 horas de turno, descansaban 36 y retornaban a su puesto a la misma hora que la jornada anterior. Remover a quienes revistaban de madrugada, entonces, hubiera significado apartar a diez hombres. Y otros 34, incluyendo a los jefes, habrían seguido en sus cargos.
Pero la autoridad policial -de la que dependía la medida- no separó a nadie aún cuando tenía delimitado un mínimo de personal que cumple horario nocturno. Y pese a que disponía, incluso, de la descripción física detallada de los presuntos agresores. Según fuentes judiciales y policiales, esta descripción se corresponde perfectamente con el aspecto físico de los tres policías que, el miércoles pasado, fueron identificados por la denunciante en una rueda de reconocimiento como quienes la violaron: Juan Manuel Morales, Fabián Ibarra y Ariel Canelo.
Varios funcionarios jerárquicos de la policía sabían que lo lícito habría sido apartar al personal de turno y que, en conocimiento de la denuncia, tenían incluso el deber como funcionarios públicos de aconsejarlo aunque la decisión no fuera su función específica. Algo que no ocurrió.
La Ciudad
