La fiscalía promovió ayer una causa penal contra los ex ministros de Economía Domingo Cavallo y Jorge Remes Lenicov por los contratos que el Estado selló con el asesor Carlos Bercún, sindicado como enlace entre senadores y banqueros a los que se habrían reclamado coimas para impedir la sanción de una ley. Paralelamente, en el marco del proceso por los supuestos sobornos, el juez federal Claudio Bonadío allanó la Secretaría Legal y Administrativa del Palacio de Hacienda y secuestró dos convenios firmados con la consultora CB & Asociados SA, propiedad del cuestionado lobbista.
"Parece realmente increíble que, en un país con millones de desocupados y con miles de personas en situación de extrema pobreza, el Ministerio de Economía destine 228 mil pesos por año para conseguir información parlamentaria que es pública y de inmediato acceso", escribió un indignado fiscal Guillermo Marijuán, quien denunció a Cavallo y a Remes Lenicov.
Si bien la acción del fiscal es una consecuencia directa de la investigación sobre las presuntas coimas, la causa contra Cavallo y Remes será tramitada por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.
Reconocimiento del Citibank
En tanto, un apoderado del Citibank reconoció ante Bonadío que la entidad crediticia abona 27 mil pesos por mes a Bercún a cambio de información detallada y actualizada acerca de los proyectos de ley que ingresan al Senado y su posterior tratamiento, sobre todo las iniciativas que inciden en el funcionamiento del sistema financiero y bancario.
Lo cierto es que los investigadores se mostraron sorprendidos por la cantidad de dinero que recibe mensualmente Bercún de distintos organismos públicos y privados para realizar esos seguimientos.
Pese a que aún no fue imputado, Bercún ya confió su defensa al abogado Zenón Ceballos, quien representó a Emir Yoma en la causa por la venta ilegal de armas y asesora al ex presidente Fernando de la Rúa, imputado por los crímenes registrados en el centro porteño el 20 de diciembre pasado.
En medio de la conmoción que generó la confirmación de las operaciones que Economía cerró con Bercún, el actual jefe de la cartera, Roberto Lavagna, anunció que fueron rescindidos los contratos con la consultora CB, que expiraban en diciembre próximo.
Roque Fernández, titular de Hacienda durante parte del gobierno del ex presidente Carlos Menem, nombró a Bercún como secretario de Relaciones Institucionales de esa cartera. Y el consultor, cuando se alejó, siguió ligado al área a través de su labor como lobbista.
En septiembre de 2001, cuando Cavallo era ministro de la gestión de De la Rúa, contrató a Bercún para que reporte acerca de la labor del Senado. Ese acuerdo fue luego prorrogado por Remes Lenicov.
Por su parte, Bonadío confiscó los contratos con la consultora de Bercún, tanto en la sede de Economía como en el Citibank. Y, aunque extrajo copias, remitió los originales a Servini de Cubría para que investigue a Cavallo y a Remes.
Asombrados, los investigadores sumaron los ingresos que, hasta ahora, se acreditaron a Bercún por vigilar y comunicar las acciones del Senado, 71 mil pesos al mes: 27 mil del Citibank, 25 mil de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) y 19 mil de Economía.
Paralelamente, Emilio Cárdenas (HSBC y ABA) faltó ayer a la audiencia en la que iba a ser interrogado por segunda vez por Bonadío. El banquero se encuentra en Sudáfrica, según explicó al juez el abogado Oscar Salvi.
El abogado Juan Carlos Iglesias, a su turno, pidió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que investigue si Cárdenas, Carlos Giovanelli (ex miembro del directorio del Citibank) y Manuel Sacerdote (BankBoston y ABA) perjudicaron a la Argentina en sus negociaciones con el FMI.
La Ciudad
