El ex jefe de Gabinete Jorge Rodríguez y el ex ministro de Defensa Jorge Domínguez fueron citados a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa que los investiga por presunta administración fraudulenta con los contratos para la construcción de las cárceles de las localidades bonaerenses de Ezeiza y Marcos Paz.
Fuentes tribunalicias indicaron que la medida fue dispuesta por el juez federal Jorge Urso, quien aún no fijó las fechas para los interrogatorios a los que también deberán someterse empresarios de las firmas que se adjudicaron la licitación de las obras.
Entre los imputados, citados a indagatoria, figuran Julio Aparicio, Eduardo Martínez, Darío Miguel, Carlos Verón, Manuel Cleiman, Domingo Danna, Arnaldo Fraccitti, José Russo, Eduardo Baglietto, Daniel Sanmartino y Gianfranco Rizzo, pertenecientes a los grupos económicos que se ocuparon de las tareas.
Días atrás, Urso pidió informes para conocer la evolución patrimonial y los movimientos de fondos del ex presidente Carlos Menem luego de la contratación de esos trabajos.
A su vez, el juez solicitó también idénticos informes con relación a "los movimientos patrimoniales y financieros" del "núcleo familiar primario, cónyuge e hijos" del ex jefe del Estado.
Los requerimientos de Urso fueron dirigidos a expertos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que colaboran en una investigación por presunta administración fraudulenta tras el proceso de licitación para las tareas en las penitenciarías.
Los contratos, firmados en 1997, fueron pactados por unos 240 millones de pesos a pagar en cuotas trimestrales, pero el juez tiene pericias según los cuales, con los materiales y elementos propuestos, las obras se podrían haber realizado por aproximadamente la mitad de ese valor.
En busca de datos filiatorios
El magistrado también libró oficios a la Presidencia de la Nación y al Ministerio de Justicia para que le indiquen los "datos filiatorios completos" de quienes, desde 1997 a 1999, se desempeñaron en las respectivas secretarías privadas.
El juez procura conseguir esos datos para luego, con esa información en el sumario, decidir si interroga a quienes revistaron en esas dependencias del Poder Ejecutivo nacional (PEN).
Por otro lado, Urso remitió oficios al juez federal Norberto Oyarbide y al magistrado en lo Penal Económico Julio Speroni para que autoricen a la Afip y del BCRA a compulsar las causas que tramitan sobre supuesto enriquecimiento ilícito de Menem y sobre la denominada "ruta del dinero" en contrabando de armas a Croacia y Ecuador.
Urso investiga si hubo una licitación "a medida" al amparo de los decretos 1040/96, 1658/97, 203/98, 1338/99 y 1147/99, que establecieron el marco para la licitación y contratación de las empresas Techint y Dycasa.
La causa penal se inició cuando el fiscal Miguel Angel Osorio concretó ante la Cámara Federal una denuncia que había llegado a sus manos y, tras el sorteo, el caso quedó radicado ante Urso, con la intervención del secretario Federico Novello.
La Ciudad
