Esta semana se realizarán las dos primeras audiencias públicas para discutir los alcances del ajuste tarifario en las empresas de servicios públicos. La primera ronda será para analizar los pedidos de aumento de las concesionarias de electricidad y gas.
El debate, que tendrá lugar en el Palacio del Correo el miércoles y jueves respectivamente, tendrá como ejes centrales la conveniencia o no de atender el pedido cursado por las empresas distribuidoras para imponer aumentos que van desde el 30% hasta el 50%.
Estos reclamos fueron propuestos oportunamente por las diferentes empresas vinculadas a la prestación de los servicios públicos privatizados, pese a que desde el gobierno se advirtió que los incrementos en las tarifas no deberán superar un dígito.
La pasada semana el gobierno nacional dispuso no subir las tarifas eléctricas para los usuarios de menores ingresos que consuman menos de 300 kilovatios hora por bimestre, variación que será compensada por los aumentos que deberán afrontar el resto de las categorías de usuarios.
Esta medida le fue informada al presidente Eduardo Duhalde y a las distribuidoras eléctricas por el secretario de Energía, Alberto Devoto.
Según admiten en el mercado eléctrico, esta norma cuenta con cierto grado de complicación para ser empleada ya que una familia tipo de la Capital Federal o el Gran Buenos Aires cuenta con un consumo de 550 kilovatios hora, lo que representa un valor de 49 pesos bimestrales.
Las tarifas de los servicios públicos, al igual que los valores del costo del transporte y los peajes, permanecen invariables desde comienzos del año, momento en el cual la gestión Duhalde adoptó la devaluación.
Asimismo, las empresas hicieron pública su posición en favor de obtener rápidamente un incremento tarifario para así recomponer su estructura de costos, afectada por el impacto que tiene el precio dólar de los insumos.
Dentro de la empresas de energía eléctrica, Edenor solicitó un incremento del 36%, mientras que Edesur reclamó un ajuste de 35,4% y Edelap pretende un alza de 39%.
En su conjunto, las empresas gasíferas presentaron información de las cual se desprenden alzas en las facturas del orden del 30%.
Este porcentaje equivale a la tasa de inflación entre el 1º de enero y el 31 de julio de 2002. Las empresas propusieron su aplicación a partir del 1º de septiembre.
A partir de esa fecha pidieron un ajuste adicional por dicho índice hasta que concluya el proceso de renegociación del contrato.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente Regulador de Servicios Públicos porteño y las asociaciones de consumidores calificaron oportunamente como "falaz" la convocatoria del gobierno a audiencias públicas para negociar el aumento de tarifas de servicios públicos y reclamaron que se cumpla la ley que establece "la renegociación de los contratos".
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La Ciudad
