Bogotá. - El presidente Alvaro Uribe declaró, mediante un decreto, que 14 departamentos y 23 puntos considerados clave por las Fuerzas Militares serán zonas de rehabilitación y consolidación. Las medidas para estas áreas apuntan a restringir algunos derechos para facilitar a las Fuerzas Armadas la lucha contra los grupos ilegales, según informó ayer el diario El Tiempo.
El territorio fue definido por el primer mandatario a partir de las informaciones de inteligencia que advierten sobre el riesgo de que los combates entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares terminen por desestabilizar al país.
Las medidas de seguridad decretadas por Uribe al amparo de la declaración de conmoción interna serán aplicadas en un principio en siete regiones, que abarcan 14 de los 32 departamentos colombianos. En el área se encuentra la desaparecida zona de despeje del sur del país, las fronteras con Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, así como el área rural de la capital colombiana. En esas regiones del país se presentan las más altas cifras sobre deplazamiento, ataques, combates y secuestros.
El Ejecutivo anunció el martes la creación de las zonas de rehabilitación, donde las Fuerzas Militares recibirán atribuciones especiales para luchar contra las Farc, el ELN y los escuadrones de ultraderecha. Las facultades otorgadas por el gobierno le permiten a los militares realizar capturas, allanamientos, registros o interceptaciones sin una orden judicial previa.
En las zonas de rehabilitación y consolidación, Uribe podrá designar a un comandante militar como único líder de las fuerzas armadas de seguridad y facultar a las autoridades civiles para que utilicen bienes privados en las labores de apoyo al ejército y la policía. Si los recursos lo permiten, las actividades deberán ser supervisadas por un fiscal y un delegado de la Procuraduría. De lo contrario, las fuerzas armadas de seguridad podrá actuar autónomamente.
Nexos con grupos armados
Sin embargo, los militares podrán hacer capturas, siempre y cuando haya indicios graves de que la persona tenga comprobados nexos con grupos armados. Según la norma, los capturados sólo permanecerán hasta 24 horas en poder de las fuerzas armadas de seguridad.
En las zonas de rehabilitación, la circulación de habitantes y el lugar de residencia será reglamentado y supervisado por las autoridades que realizarán un censo regional que identifique a los lugareños y los desplazamientos de personas en esas localidades. Los pobladores de estas áreas deberán portar su documento de identificación, so pena de ser detenido por 24 horas mientras se verifica su nombre y antecedentes judiciales.
Además, se establece que todos los ciudadanos extranjeros que pretendan ingresar a las zonas deberán presentarse ante las autoridades regionales y solicitar un permiso de permanencia tras explicar el motivo de su visita.
"Pinchaduras" sin trabas
Para interceptar y grabar comunicaciones telefónicas que se sospeche, hagan parte de un acto delictivo o que sirvan como prueba de la comisión de un acto terrorista bastará con una autorización verbal del comandante militar de la zona. Las grabaciones serán aportadas como pruebas a los respectivos expedientes.
Las autoridades también quedan facultadas para revisar naves, aeronaves, siempre y cuando se presuma que allí se encuentran personas implicadas en la comisión de un delito.
Uribe puso en marcha un ambicioso plan de seguridad que prevé la conformación de una fuerza de militares y policías de apoyo, de una red de un millón de informantes y el reclutamiento de soldados campesinos. Esta medida ha sido fuertemente criticada por organismos de derechos humanos. (DPA)
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