Una pelea de largo aliento e incierto final

El fallo que declaró la inconstitucionalidad de la pesificación de depósitos es parte de una velada puja entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, que tuvo como punto de quiebre inicial el intento de Duhalde de promover un juicio político al máximo tribunal.
La primera estocada fue cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley antigoteo, a través de la cual el gobierno de Eduardo Duhalde buscaba frenar la sangría de fondos del corralito vía los amparos.
Renglón seguido, el 22 de agosto pasado el máximo tribunal de Justicia echó por tierra con la resolución del gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa y su ministro Domingo Cavallo de reducir un 13 por ciento a los haberes de los empleados públicos y jubilados. Al tratarse de una medida de carácter retroactiva, el Estado debería devolver alrededor de 2 mil millones de pesos.
Este margen de incertidumbre en torno a la estrategia financiera oficial vino complicando las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya que el organismo multilateral reclama una "política sustentable" al país. A esta batalla central se le suma la debilidad del gobierno en sus relaciones con el Parlamento, a partir de la sanción de algunas leyes y otras que están en proyecto. Los legisladores decidieron prorrogar la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) hasta fin de septiembre para créditos de entre 100 mil y 400 mil pesos, una medida duramente cuestionada por el organismo de crédito internacional.
Por otra parte, el gobierno no logra frenar un proyecto de ley para solventar la obra social bancaria con un descuento del 2% sobre los intereses bancarios, una iniciativa resistida por el FMI y la banca, que también fue objeto de denuncias de sobornos en el Senado.
Con estos antecedentes sobre sus espaldas y el nuevo fallo contra la pesificación, la gestión duhaldista se presenta con demasiados signos de debilidad a la mesa de negociación del organismo internacional, justo cuando se le reclama al país dar signos de consenso político como paso previo al acuerdo.