La Justicia declaró la inconstitucionalidad del decreto 214/02, que había consagrado la pesificación de los depósitos efectuados originariamente en dólares, en el marco de un amparo que incluye a todos los ahorristas del país. Así lo resolvió ayer la Sala V de la Cámara en lo contencioso administrativo federal, al hacer lugar por unanimidad a un planteo efectuado por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. La decisión judicial puso contra las cuerdas al gobierno nacional, porque lo obliga a recurrir a la Corte Suprema para evitar los efectos de la sentencia, cuando todavía no puede resolver una fórmula para dar marcha atrás con el juicio político al máximo tribunal. De todos modos, voceros gubernamentales salieron a decir que el fallo no significa una complicación para el Poder Ejecutivo y anunció que lo apelarán.
El vocero oficial fue el ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien anunció la decisión gubernamental de presentar la apelación contra el fallo que echa por tierra la pesificación.
Los camaristas Carlos Grecco, Pablo Gallegos Fedriani y Luis Otero, decretaron también la inconstitucionalidad de los decretos 1570/01, que estableció el corralito financiero, y 1316/02 que pospone por 120 días la salida de fondos del sistema bancario a través de amparos judiciales (antigoteo).
En una resolución de ocho carillas, el tribunal afirmó que la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Emilia Marta García -que había hecho lugar al reclamo de Mondino y fue apelada por el gobierno- era ajustada a derecho y, por lo tanto, quedó confirmada.
El ocho de agosto último, la misma Sala en otro expediente ("caso Muratorio") ya había adoptado el mismo temperamento al resolver la inconstitucionalidad de las mismas normas, pero ante la presentación de un particular.
Respecto al decreto 1316 que pospuso por 120 días las ejecuciones judiciales, la Cámara afirmó que "carece de justificación un procedimiento dilatorio como el instrumentado por el Banco Central" (BCRA).
Por mayoría, la Sala V afirmó que "en lo que respecta a la acreencia bancaria que individualmente cada ahorrista se considere con derecho a percibir, deberá acudir ante los tribunales que correspondan a fin de acreditar el reclamo patrimonial interpuesto".
En el fallo, los camaristas señalaron que "aquí se ha denunciado la lesión de derechos individuales y, por consiguiente, como el defensor del Pueblo tiene legitimación procesal concedida por la Constitución, su habilitación para promover este proceso es indiscutible". Ante este fallo adverso, el Poder Ejecutivo cuenta con diez días para plantear la apelación, y la Justicia, por su parte, con el mismo lapso para resolver si le concede o no un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Durante ese período, según ilustró un camarista del fuero contencioso, los ahorristas podrán, en teoría, reclamar la devolución de su dinero, ya que "el trámite del recurso extraordinario no suspende el fallo que se busca impugnar".
Según ese razonamiento, el Poder Ejecutivo se verá en la disyuntiva de demorar la apelación y permitir el recupero de los fondos, o recurrir de inmediato a la Corte Suprema, otorgándole otra herramienta de presión para exigir el fin del trámite de su juicio político.
El descargo oficial
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, sostuvo ayer que "hay que esperar que el gobierno haga las apelaciones del caso y éste vaya a la Corte para su análisis".
De ese modo, Fernández negó que el fallo de la Cámara deba ser evaluado como una "complicación accesoria" para el gobierno y sostuvo que "por ahora no tiene ninguna consecuencia, ya que hay una instancia superior que es la Corte" Suprema. De ese modo, dejó entender que el gobierno recurrirá a esa instancia superior para anular el fallo de la Cámara.
Más allá de la tranquilidad que buscó imponer Fernández, ayer el jefe de Gabinete Alfredo Atanasof había advertido antes de conocer el fallo de la Cámara que si se decidía desconocer la pesificación "podrían darse condiciones para una situación económica muy complicada".
El jefe de Gabinete de Ministros reiteró que la actitud del gobierno será la de "acatar los fallos de la Justicia", pero también sostuvo: "No podemos cambiar ahora todas las reglas cuando el país se está estabilizando".
Sin embargo, una vez conocido el fallo tanto Atanasof como Lavagna, quien fue el encargado de anunciar la apelación, se negaron a dar más detalles sobre este tema.
El jefe de los diputados justicialista, Humberto Roggero, afirmó en este sentido que "los jueces pueden llevar a la Argentina al incendio" a raíz de la resolución que anula la pesificación. "Actualmente existe una situación difícil, en el Estado hay tres poderes pero uno de ellos está teniendo más poder que los otros", evaluó Roggero.
Por cierto, la caída de la pesificación de los depósitos significaría un golpe mortal para la compleja alquimia de compensaciones que ideó el gobierno de Duhalde al salir de la devaluación, porque sería el comienzo de un derrumbe de toda la arquitectura financiera asociada, en particular la pesificación de los préstamos.
Mientras a nivel oficial salieron a cuestionar la medida de la Cámara, el diputado nacional por el partido Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, presentó ayer una denuncia penal contra los integrantes del gobierno nacional por haber impulsado el decreto que estableció la pesificación de los fondos en los bancos y de las deudas en moneda extranjera.
La Ciudad
