El precandidato presidencial justicialista que encabeza las encuestas sobre preferencias de voto, el mismo que tuvo la descabellada idea de declarar el default en forma festiva durante su fugaz paso por la presidencia, acaba de proponernos otras dos ideas que definió como revolucionarias pero que son tan desatinadas como la proclamación urbi et orbi de la insolvencia del Estado argentino.
La primera idea consiste en desconocer validez jurídica a los títulos de la deuda pública argentina que circulen por todo el mundo y que están en manos de inversores extranjeros o argentinos. La segunda idea postula derogar todas las leyes y decretos del Poder Ejecutivo dictados desde la época de la organización nacional hasta nuestros días, excepto la Constitución, el Código Civil y el Código Penal, para que sean examinadas y expresamente ratificadas por el Congreso nacional.
Esto no es chiste. Ambos temas merecen un profundo análisis porque demuestran el alto grado de esquizofrenia que domina a la mayoría de nuestros dirigentes políticos. No sólo aparecen dando un lamentable ejemplo de inconducta e incoherencia sino que demuestran estar dominados por una psicosis caracterizada por la ruptura del pensamiento con toda señal de sensatez y una completa desubicación con respecto al mundo exterior. Muchos de los que se postulan para gobernarnos y que pretenden dirigir el país en la peor crisis que debemos soportar en casi dos siglos de historia independiente, tienen una chatura intelectual tan tremenda que ese mismo hecho acentúa el grado de incertidumbre y redobla el terror por nuestro futuro inmediato.
De repente pareciera que nos estuviesen proyectando, al revés, una película inspirada en el célebre libro de Domingo Faustino Sarmiento: "Civilización y barbarie", porque a pasos agigantados estamos regresando al estado natural del hombre primitivo e imponiendo la ley de la selva que es la voluntad del más fuerte.
Cuestionamiento de la deuda
La idea del precandidato que ocupa la pole position, de cuestionar la deuda, es una típica muestra de la picardía criolla consistente en hacer chicanas, ganar tiempo y patear la pelota hacia adelante con el objeto de zafar del pago de intereses y eludir el sofocón de ponerse a negociar seriamente con los acreedores para ver cómo arreglamos ese compromiso de honor que es la deuda pública argentina.
Si a la declaración del default le siguió la pérdida de valor de todos los créditos otorgados al Estado argentino y ocasionó la consecuente descapitalización de los depósitos en dólares que los ahorristas conservaban en bancos, precisamente para financiar esos mismos títulos, imaginemos ahora las magnitudes del terremoto jurídico y económico que nuestro gobierno provocaría entre los millones de inversores a quienes se les anuncie que el gobierno argentino desconoce la validez jurídica de los títulos que él mismo ha colocado en todo el mundo, hasta tanto el Parlamento nacional -nada menos- determine qué parte de la deuda es legítima y cuál no lo es.
No podemos imaginar un tribunal más descalificado internacionalmente que este conjunto de diputados y senadores para decidir qué lámina será rechazada y qué cupón tendrá validez, después de haber aprobado 18 presupuestos anuales con partidas para el pago de esos mismos títulos y haber renegociado una y mil veces su postergación. No hace mucho tiempo que el Senado nacional fue acusado por un vicepresidente de la Nación de estar complicado en sobornos para aprobar leyes que convenían al Poder Ejecutivo y esta escandalosa denuncia fue tramitada ante dudosos juzgados que declararon la falta de mérito tras negociaciones poco transparentes entre los senadores sospechados y un juez que, al mismo tiempo, había sido acusado por quienes estaban siendo juzgados.
Hace pocos días, el mismo Senado nacional, renovado en muchos de sus integrantes, volvió a ser denunciado dos veces por el prestigioso periódico internacional "Financial Time" por intentar cobrar una coima a los bancos privados para dejar sin efecto un proyecto de ley que les impone el aporte del 2% sobre todos los intereses devengados con destino al sindicato de empleados bancarios. Pues bien, a este Parlamento integrado por tales personajes se delegarían potestades para decidir la legalidad o ilegalidad de los títulos de deuda argentina que están circulando y cotizando en los mercados mundiales de valores. Pareciera que esta idea luminosa, de verdadero delirio populista, es el toque final que nos faltaba para sepultarnos definitivamente en la noche de los tiempos.
Derogación de todas las leyes
La otra propuesta del precandidato que ha adquirido mayor popularidad en las encuestas, merece una consideración distinta. Contiene algo de verdad pero mal digerida y peor expresada. Se trata de su idea de derogar todas las leyes y declarar la vigencia de sólo aquellas que el Congreso nacional expresamente ratifique. Curiosamente éste era el mismo pensamiento de Juan B. Alberdi, quien redactó el artículo 24 de la Constitución que dice: "El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos", y que luego comentó en uno de sus brillantes libros señalando que "Argentina está oprimida por una enorme cantidad de leyes que establecen una servidumbre administrativa, que nos organizan como colonia y no como nación con libertad económica".
Ese conjunto de leyes constituyen el derecho del pasado y no el derecho venidero, porque están repletas de prohibiciones, exclusiones y monopolios. Hasta hoy obedecemos infinitas leyes que nos paralizan; leyes de despoblación, despojo y ruina, emanadas de un monarca que dice: "Yo quiero y Yo lo mando". La reforma legislativa a encarar será la parte más difícil de nuestra organización nacional porque deberá instalar un sistema jurídico basado en el derecho de propiedad privada y la libertad económica para que las leyes no se troquen en cadenas legales que nos impidan producir, intercambiar, poseer o distribuir libremente la riqueza. Pero se necesita un plan completo de reforma legislativa basado en sanos principios económicos y para eso se requiere el apoyo de la ciencia, la experiencia debidamente capitalizada y el respeto profundo al modo de ser normal de nuestros pueblos. Sinceramente insuperable, a pesar de haber sido escrito hace 147 años.
Respecto de la propuesta del precandidato que goza del beneplácito popular, indudablemente que su espíritu no es idéntico al de Juan B. Alberdi. Ha hecho público un credo político donde proclama principios contradictorios con la idea de la libertad económica, la propiedad privada y el derecho civil, ratificando como base de su programa las mismas ideas de intervencionismo económico, populismo social y hegemonismo político que fueran instauradas en 1946.
Para derogar todas las leyes y hacer la reforma legislativa en serio hace falta una enorme coherencia ideológica, profundo conocimiento teórico y práctico de los acontecimientos mundiales y una gran seriedad intelectual. Ninguno de estos elementos parece ser patrimonio del aglomerado político que rodea a esta candidatura puesto que ostensiblemente está juntando a su lado a un líder militar de los carapintadas con las madres de Plaza de Mayo, a un agitador encarcelado por asaltar supermercados bonaerenses con la esposa del propio gobernador y a empresarios exitosos con el dirigente gremial que más paros y huelgas políticas organizó en los últimos años.
Por otra parte, para derogar las leyes y reformular otras distintas hay que tener bien en claro los criterios técnicos y filosóficos que servirán para revisarlas y actualizarlas, porque si no es así el resultado podría ser verdaderamente catastrófico. De allí que si esta candidatura sigue viento en popa y se convierte en la salida de la decadencia argentina, necesitamos saber desde ahora si representa una garantía o una amenaza para los siguientes principios de aplicación universal en el mundo civilizado: 1)Existencia de mercados abiertos y competitivos; 2)Disposición de una moneda sana de valor estable; 3)Reorganización de un sistema bancario seguro y confiable; 4)Respeto irrestricto a la propiedad privada; 5)Derecho a la libre contratación incluso en materia laboral; 6)Exigencia de responsabilidades públicas y privadas; 7)Defensa del interés nacional en su conjunto; 8)Permanencia de la política económica; y 9)Sistema impositivo que permita la producción de riqueza. El precandidato preferido en las encuestas de opinión tiene que decirnos palabras muy claras sobre estos temas porque el destino del país está en juego.
La Ciudad
