Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de Villa Gobernador Gálvez presentaron una denuncia por apremios ilegales, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y amenazas contra el jefe del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez, Alejandro Sauro, y el inspector de zona 4ª, Rubén Canavosio, a quienes acusaron de reprimir a tres miembros de la organización cuando aguardaban la entrega de bolsones de comida. La presentación, patrocinada por la abogada Ana María Figueroa, fue radicada ayer en el juzgado de Instrucción a cargo de Eduardo Suárez Romero. Las víctimas de las lesiones, Horacio Aquino, Ramona Vera y su esposo Ramón Rojas, son beneficiarios de los bolsones que otorga el municipio y miembros de la Comisión de Derechos Humanos de esa localidad. A esa organización pertenecía la militante Graciela Acosta, asesinada el pasado 19 de diciembre pese a que era ajena a los saqueos que se realizaban en cercanías a su vivienda. Los hechos se produjeron el miércoles 4 de septiembre a la mañana, cuando unas 150 personas aguardaban frente a la sede del Comando Radioeléctrico, en Sarmiento y Mosconi, la entrega de bolsones que una vez al mes realizan trabajadoras sociales del municipio. Durante la espera se produjo un altercado entre dos beneficiarios y el jefe del Comando amenazó con interrumpir el suministro de alimentos. Esto provocó la reacción de Aquino: "¿Pero no se da cuenta que venimos a pedir comida?", cuestionó. Según la denuncia, su intervención fue reprimida con una golpiza: Sauro le dio un cabezazo escoltado por tres agentes que inmovilizaron al militante. Luego estos uniformados le entregaron al jefe policial un bastón para que agrediera al Aquino. Los beneficiarios "intervinieron para evitar que le peguen. En el tumulto a otra integrante de la Comisión, Ramona Vera, le pegaron bastonazos en las piernas. El esposo, Ramón Rojas, intervino en su defensa y también recibió bastonazos", contó Figueroa. De acuerdo con la denuncia, cuando Aquino se identificó como militante -"Somos de los Derechos Humanos. Los estamos ayudando", dijo- fue amenazado de muerte por parte de Sauro: "Me importan un huevo los Derechos Humanos. A vos te vamos a matar, te vamos a llevar detenido con sangre". Luego, dirigiéndose a Rojas, exigió: "Tomátelas de acá porque si no te voy a cagar a patadas", para finalmente amenazar a los beneficiarios con registrar a todos ellos como piqueteros. El comisario inspector Rubén Canavosio, en tanto, fue sindicado como partícipe de las agresiones. "Estas personas (las víctimas) decidieron judicializar el tema porque son figuras muy visibles. Están muy marcadas por la policía como militantes sociales. Son del mismo grupo al que pertenecía Graciela Acosta y tienen miedo de que esas amenazas se concreten", refirió Figueroa. La letrada reclamó además que "las autoridades políticas tomen las medidas que corresponden para evitar nuevos hechos". A raíz del incidente, el intendente Pedro González asumió el compromiso de efectivizar la entrega en una dependencia municipal.
| La abogada Ana María Figueroa atiende el reclamo. (Foto: Alfredo Celoria) | | Ampliar Foto | | |
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