Las empresas de servicios públicos tendrán tiempo formalmente hasta mañana para concretar la presentación de sus informes económicos y financieros de cara al ajuste de tarifas que deberá negociar con el gobierno de Eduardo Duhalde.
La gran mayoría de las casi sesenta firmas, entre las cuales también se encuentran las licenciatarias de obras públicas, ya han remitido sus estudios en el transcurso de la pasada semana, donde se solicitan reajustes tarifarios de entre el diez y setenta por ciento.
Los pedidos deberán ser analizados en breve por los hombres del Ministerio de Economía, que encabeza Roberto Lavagna. El presidente Eduardo Duhalde se quejó ayer que resulta "disparatada" la posibilidad de que los aumentos lleguen al sesenta o setenta por ciento.
Asimismo, desde el Palacio de Hacienda se plantea la necesidad de cumplir con los pasos legales necesarios para esquivar cualquier cuestionamiento que pudiera suponer el proceso.
Para esto se piensa en tramitar todo por vía de una audiencia pública, tal como manda la Constitución nacional sobre este particular.
A partir de cumplirse el próximo martes el tiempo otorgado para la recepción formal del pedido de las empresas privadas, la idea es definir antes de octubre cuales serán los ajustes que se aplicarán y que comenzarán a regir en las facturas desde el décimo mes del año.
Si bien lo que se decida en las audiencias públicas no será vinculante para el gobierno nacional, sobre estas no tendrá injerencias el Congreso.
La idea de Roberto Lavagn es abrir, en primer término, el debate sobre el reajuste de las tarifas de Aguas Argentinas, para luego comenzar la discusión sobre las tarifas de servicios eléctricos, y luego tratar el tema del cuadro tarifario del gas.
Pese a que aún poco se conoce que orden se le dará al tratamiento de la tarifa telefónica, estas cuestiones serán materia de estudio y análisis por los miembros de la Comisión de Renegociación de los Contratos de Obras y Servicios Públicos.
Desde el Palacio de Hacienda se reconoció que en caso de ser concedidos los aumentos en los servicios públicos, estos deberán ser tomados en cuenta al momento de definir cuestiones que tienen que ver con la renegociación de los respectivos contratos.
Los cuadros tarifarios de los servicios públicos, incluidos las tarifas de los peajes y transportes, no sufrieron ajustes desde enero del 2001, momento en que la gestión de Eduardo Duhalde dispuso una devaluación del peso.
Más allá de esto, la administración duhaldista logró atar los valores tarifarios tras la sanción de la ley de emergencia económica.
Este congelamiento de las tarifas actuó de lleno sobre los niveles inflacionarios, ya que el ajuste en los precios no superó el 35 por ciento en los primeros seis meses del año. El temor de autorizar una suba se traslada, de esta forma, al impacto que tendrá en el índice general de precios ya que, en gran medida, fue el congelamiento de las tarifas de servicios, el que permitió mantenerlo hasta ahora en un nivel muy inferior al de la depreciación del dólar.
Aumentos moderados
Un reciente relevamiento del encuestador Enrique Zuleta Puceiro indicó que más del 35% de la población está dispuesta a discutir ajustes en las tarifas de los servicios públicos, pero el 68 por ciento de la gente no acepta la posibilidad de que se traslade a las facturas todo el impacto de la devaluación.
Una de las consecuencias inevitables de un aumento tarifario en servicios como gas, electricidad o teléfonos será el aumento de la morosidad en el pago, teniendo en cuenta que hoy de cada 10 clientes, cuatro de ellos pagan fuera de término.
Según el informe de Ibope, las desconexiones por falta de pago son de un 9,4 por ciento en electricidad y de un 8,9 por ciento en telefonía fija.
La Ciudad
