Bogotá. - En una nueva medida para enfrentar la declaración de guerra contra su gobierno de la guerrilla marxista, el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, decretó el estado de conmoción interna, una modalidad del estado de excepción. Se trata de una disposición muy similar al estado de sitio pero con menos facultades, y tendrá vigencia por 90 días, prorrogables por el Ejecutivo. A la medida se agrega un impuesto de emergencia para reforzar a las fuerzas armadas. Uribe firmó el decreto respectivo cinco días después de llegar al poder en medio de un bombardeo de la guerrilla Farc contra Bogotá que dejó un saldo de 21 civiles muertos y 60 heridos.
Desde ese momento, Uribe ha venido dando forma a un ambicioso plan de seguridad que prevé la incorporación como informantes de los civiles a las tareas de las fuerzas armadas y una serie de medidas tendientes a neutralizar la ofensiva rebelde, que en la última semana dejó más de un centenar de muertos. Ahora sumó, sorpresivamente para muchos, el estado de excepción, previsto en la Constitución.
El estado de conmoción interior regirá por 90 días, prorrogables por dos períodos iguales, cuando se presenten hechos que atentan contra "la institucionalidad o la seguridad del Estado", que no puedan ser conjurados mediante atribuciones ordinarias. El ministro del Interior, Fernando Londoño, dijo que en Colombia se requieren acciones excepcionales, y explicó que en principio no limitará ningún derecho constitucional. "El país está en una situación de extrema dificultad, el orden jurídico normal es insuficiente para dar una respuesta a los terroristas que quieren doblegar la nación y vamos a responder con los instrumentos a nuestro alcance", precisó Londoño. De todas formas, un alto tribunal examinará la legalidad de decisión del Ejecutivo.
Aunque el ministro aseguró que por ahora no se restringirán derechos constitucionales, el fin de semana admitió la posibilidad de limitarlos, con excepción de los que constituyen el núcleo de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. No es la primera vez que Colombia utiliza la figura de estado de excepción, que se creó con la reforma constitucional de 1991 en sustitución de la de estado de sitio. Los ex presidentes César Gaviria y Ernesto Samper la usaron varias veces.
u Tributo extraordinario. Con base en la norma, el gobierno decretó un tributo de emergencia denominado "impuesto al patrimonio" para recaudar unos 778 millones de dólares destinados a aumentar los efectivos y recursos de las fuerzas armadas, y que pagarán empresas y personas físicas.
El ministro de Hacienda, Roberto Junguito, dijo que la medida no afectará a los colombianos pobres y que las empresas o personas con un patrimonio igual o superior a 58.393 dólares deberán pagar el tributo, equivalente a un 1,2por ciento del patrimonio, a partir de octubre.
Por su parte, la ministra de Defensa Martha Ramírez dijo que gran parte de los recursos se destinará al entrenamiento y dotación de unos 10.000 soldados y policías de apoyo, en cumplimiento con los anuncios de Uribe sobre su plan de seguridad. Asimismo, el gobierno prevé la creación de dos brigadas móviles del Ejército, con unos 3.000 soldados, añadió la ministra de Defensa de Uribe.
Las medidas fueron anunciadas al término de un consejo ministerial, que se extendió por varias horas y durante el cual fue analizada la situación de orden público y los recientes hechos de violencia protagonizados por las Farc y los paramilitares.
Finalizado el encuentro, Uribe y sus ministros expidieron un decreto que recoge las principales razones que llevaron al gobierno a apelar al estado de emergencia. "Es ineludible tomar medidas inmediatas para prevenir actos de terrorismo semejantes o peores a los que para sorpresa del mundo entero se han presentado en las últimas semanas en diferentes lugares del país, así como la amenaza a que esta sometida nuestra democracia por los actos de coacción de que vienen siendo víctimas los mandatarios locales", señala un aparte del texto. (DPA y Reuters)
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