El octavo aniversario por la masacre de la Amia ventiló ahora una nueva y delicada interna que mantiene el juez federal Juan José Galeano con los integrantes del tribunal que lleva adelante el juicio contra la llamada conexión local en torno a pericias que podrían demostrar dónde se habría armado la camioneta usada para volar la mutual judía.
El enfrentamiento, que llevó a Galeano a amenazar incluso con llegar a la Cámara de Casación para que se dirima la cuestión, plantea una nueva polémica sobre los límites de hasta dónde puede seguir investigándose luego de que una parte de la causa ya fue elevada a juicio y los acusados están sentados en el banquillo.
El problema está centrado en un terreno ubicado en la localidad bonaerense de Enrique Fynn que perteneció al ex reducidor de autos Carlos Telleldín y que fue descubierto después de que fueran elevadas a juicio las actuaciones por las cuales está siendo imputado el Enano Telleldín.
Según una pericia llevada adelante cuando el juicio ya estaba en marcha, en el terreno se encontraron restos de nitrato de amonio, una sustancia que sirve como fertilizante pero que también es uno de los compuestos del amonal, el explosivo que se usó para destruir la Amia el 18 de julio de 1994 y matar a 85 personas.
Esa circunstancia obligó a Galeano a avanzar con las investigaciones. Pero el tribunal que integran los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo, que llevan adelante el juicio contra la llamada conexión local, resolvieron anular de oficio esa pericia y le sugirieron a Galeano que se abstenga de seguir avanzando sobre alguno de los cinco acusados de haber participado en el atentado contra la sede de la mutual judía que están siendo juzgados.
El tribunal considera, como sostienen los abogados defensores, que la nueva producción de pruebas sobre personas que ya están siendo juzgadas perjudica su derecho de defensa.
Sin embargo, Galeano no estuvo de acuerdo y devolvió el golpe: no sólo rechazó esa decisión porque su superior directo es la Cámara Federal y no el tribunal oral, sino que amenazó con recurrir a Casación, un estamento de alzada común, para dirimir el pleito si es que no se revisa la cuestión.
Al mismo tiempo, los querellantes de las entidades judías Amia y Daia y Familiares de las Víctimas también protestaron por la decisión de los jueces que decidirán si los acusados son culpables o inocentes.
A través de un recurso de reposición, le pidieron al tribunal que anule su decisión porque no tuvieron derecho a opinar sobre la cuestión.
Como ahora los jueces dispusieron una semana de feria, las audiencias se retomarán el martes 30 de julio, oportunidad en que -se espera- Pons, Larrambebere y Gordo podrían dar finalmente una opinión.
El abogado Miguel Bronfman, uno de los representantes de la Amia, aseguró que el tribunal tiene que rever su postura porque "ellos sólo tienen una parte del juicio y Galeano, como instructor de la causa, tiene facultades para seguir investigando".
"Hoy Carlos Telleldín y Juan José Ribelli están siendo acusados de haber tenido y entregado la camioneta. Si Galeano descubriera ahora cómo uno de ellos preparó el explosivo, qué van a decir, que eso no se puede incorporar", añadió el letrado.
Durante el acto en el que se recordó el octavo aniversario de la masacre, el presidente de la Amia, Abraham Kaul, fue el encargado de hacer público el malestar de la comunidad sobre este tema.
"Exigimos que se incorporen las actuaciones de todos los hechos que rodean el atentado y que permitan su esclarecimiento. Los acusados e implicados en este juicio no pueden alegar inocencia. Sabían lo que hacían. No eran ni son perejiles", afirmó.
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La Ciudad
