El juez que investiga la actuación policial durante los desmanes registrados en Rosario entre el 19 y el 21 de diciembre tiene documentada una cadena de irregularidades policiales que se propone denunciar. La más seria y más reciente da cuenta de lo que el tribunal llama "omisiones policiales gravísimas": la falta de actas preventivas de casos donde hubo, en el contexto de los disturbios, civiles heridos de bala.
Por lo menos el juez Osvaldo Barbero sabe que hubo dos situaciones de personas perforadas por plomos de las cuales la policía no dio cuenta. La fuerza no pudo ignorar la existencia de esos casos por una razón elemental: ambas personas entraron baleadas a hospitales públicos y esas circunstancias siempre se reportan a las comisarías de la jurisdicción. Estos dos casos al menos -hay más- no se instruyeron nunca porque no existió la constancia policial de los mismos. El juez se enteró de ellos por la denuncia de una entidad defensora de derechos humanos. Pero cuando pidió los sumarios policiales para abrir un expediente recibió la misma respuesta: no existían.
El motivo presumible para que se escamotearan los informes de esos casos es, según interpreta el tribunal, la pretensión de encubrirlos. Para desbaratar tales omisiones el juez Barbero pedirá al Area VIII de Salud que prepare un informe sobre la totalidad de personas que esos días ingresaron baleadas a efectores públicos y privados. Luego, con el suministro de identidades, verificará cuántos de esos casos fueron informados por la policía. Cada diferencia que salte será prueba de una irregularidad.
Una y otra vez
La secuencia de ocultamiento ya verificada se suma a otro acto gravísimo, por el cual existe una causa abierta, que es la del falseamiento de actas del homicidio de Claudio Lepratti en barrio Las Flores. En este caso la policía le atribuyó a Lepratti y a sus acompañantes haber apedreado y baleado la patrulla antes -y como fundamento- de la reacción policial. Luego una pericia balística y planimétrica de Gendarmería probó que los balazos que atravesaron ese móvil nunca pudieron proceder de la terraza donde se encontraba Lepratti y sus compañeros de trabajo. Lo que dio la pauta de que se había fabricado una prueba de resistencia a la autoridad para justificar la conducta de los policías y atenuar su situación procesal.
Los responsables del presunto falseamiento de este acta incurrieron en algo más serio que el delito de falsedad ideológica de documento público. Lo que hicieron es una estafa procesal cuya víctima es un juez. Es decir que, a través de un engaño, le hicieron al magistrado tomar una dirección falsa de la pesquisa. Ocurre que el juez, siguiendo lo que decía el parte policial, tuvo que prever la existencia de un enfrentamiento. Aunque este hecho -según lo desechó hasta la Cámara de Apelaciones- nunca tuvo lugar. Por esta razón Barbero aspira a que este delito colateral lo investigue otro tribunal: él se coloca como víctima de una maniobra policial y por eso piensa que si sigue con el caso sería a la vez juez y parte.
Barbero no sólo investiga las siete muertes registradas en diciembre sino también los casos de lesiones graves. Cuando en su tribunal comenzaron a ordenar los nombres de los lesionados se sirvieron del documento que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó ante las Naciones Unidas. Allí consta un listado de civiles y las circunstancias en que fueron heridos.
"Para empezar a investigar eso nos pusimos a buscar las actas policiales. Hubo dos casos gravísimos de los que no hay constancia. Era para agarrarse la cabeza", admitió a este diario una fuente judicial.
El juez Barbero ordenó barrer todos los Tribunales y toda la Jefatura hasta hallar las actas policiales de esos casos. Se buscó en el tribunal correccional de turno en diciembre, en la oficina de NN, en la División Judiciales de la Unidad Regional II y en la comisaría con jurisdicción en el caso. Se llegó a la conclusión de que tales sumarios no existen. Se refieren a estos dos casos: \* El de Julián Antonio Fabio, de 22 años, que el 19 de diciembre fue baleado en la esquina de Previsión y Hogar y Caoba, mientras miraba desde 200 metros una refriega entre policías y vecinos (ver página 33). Recibió un balazo de 9 milímetros que le perforó el intestino. Lo operaron en el Hospital Clemente Alvarez.
* Pablo Daniel López, de 14 años, fue atravesado el 19 de diciembre en Oroño y Dr. Riva por una bala de 9 milímetros que le atravesó el hombro derecho. Fue operado.
Estas dos causas no se instruyeron nunca porque no hay sumario policial lo que implica que se le sustrajo a la Justicia la posibilidad de investigar. El hecho de que las víctimas hayan sido heridas con proyectiles 9 milímetros -los que cargan las armas reglamentarias de la policía- hace factible la presunción de que quienes abrieron fuego fueron uniformados.
Hay un tercer caso en el que el acta policial, desaparecida, llegó a Tribunales luego de una enérgica exigencia de Barbero. Consigna el caso de Claudio Souza, de 30 años, quien fue impactado en la ingle con una bala de 9 milímetros en Siracusa y Pineda, zona sur, por lo que fue operado. El juez requirió a la subcomisaría 20ª y a la división Judiciales la remisión del parte preventivo. "En este caso sabíamos que había acta policial porque había llegado al tribunal. Pero después la devolvimos a la comisaría para trámites complementarios. Luego la pedimos y nos dijeron que se perdió. Las dos dependencias alegaban que no la tenían. Al final la mandaron", dijo el portavoz.
En el documento de la APDH se consignan cinco casos de heridos graves. Cuando el juez Barbero quiso investigarlos tropezó con dificultades con tres de ellos: los arriba citados. Los otros dos casos de heridos con munición de uso policial son Ramón Pedrozo Ortiz, de 29 años, de nacionalidad paraguaya, atendido en el Heca el 20 de diciembre con 22 proyectiles en la cabeza y 17 en el pulmón. Y Sebastián Duré, herido con perdigonadas de posta de goma, que sufrió una lesión irreparable del ojo izquierdo por la que fue operado en el Hospital Centenario.
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La Ciudad
