Análisis: Ni siquiera el ensayo de una explicación

Hernán Lascano / La Capital

Que la violencia que estremeció Rosario a mitad de diciembre exigía tareas de despliegue y control policial es indiscutible. En esos días hubo gente que sufrió ataques físicos, que perdió su trabajo y sus bienes de toda la vida, concretas víctimas en muchos casos de otras víctimas, los civiles que con tales desmanes impugnaban al modelo político económico que los negaba y marginaba. Aunque, en disturbios de tal masividad, hubiera delincuencia común entremezclada.
Es también innegable que hubo enfrentamientos y que la policía resultó atacada: varios de sus hombres sufrieron heridas mientras intentaban parar saqueos y proteger a ciudadanos en anárquicas batallas urbanas. La policía intervino en virtud de su legítima atribución de fuerza pública armada y la represión, en tales casos, es un recurso constitucional que le asiste.
La facultad de la policía para reprimir no es aquí el tema. La cuestión es cómo reprimió. La represión legítima tiene claras delimitaciones legales. Y todo indica que en numerosos casos la policía actuó apartándose de la ley. Cometiendo delitos gravísimos como homicidios, infligiendo golpizas y tratos crueles de los que hay abundancia de testimonios en Tribunales, supliendo la disuasión por el ataque, incluso deteniendo, por cientos, a meros espectadores de disturbios.
Al consignar estas cuestiones no se pierde de vista la convulsión del contexto en el que operó la policía. Pero tal escenario no equivale ni habilita al vale todo. Al examinar resultados surge muy presumible la noción del exceso. Para que la policía abra fuego invocando la defensa legítima debe mediar una situación de ataque inminente o concreto. Puede, dicho sin ironía, que la policía se haya anticipado siempre con eficacia notable. Porque es marcada la desproporción en heridos de bala: si hubo violencia de ambos lados las consecuencias más críticas se ven en uno solo.
Este diario consultó a los dos juzgados en turno esos días, a la División Judiciales y a la Dirección de Asuntos Internos de la policía. Todas esas dependencias dijeron no tener constancia de policías baleados. Sólo la oficina de NN de Tribunales tiene un caso de un efectivo del Comando con una herida de bala en un pie, en jurisdicción de la seccional 15ª. Del lado civil, además de siete muertos, hay ocho personas con lesiones graves de proyectiles de plomo y decenas de heridos con perdigonadas. Cifras provisorias porque, como lo reflejan estas páginas, se sabe que faltan actas de este tipo de lesionados.
En el plano político sorprende que las autoridades responsables de la represión más cruenta del país en diciembre, la de Rosario, no sólo sigan en pie sino que insistan en evadir explicaciones. Abundan pruebas de mecanismos corporativos de encubrimiento del accionar policial. Los únicos tres comisarios de Rosario llamados a indagatoria se negaron a declarar. En la Legislatura provincial el PJ rechazó formar una comisión investigadora y acaba de trabar una interpelación del subsecretario de Seguridad Enrique Alvarez.
Diciendo que no había actuado en Puente Pueyrredón, el comisario de la bonaerense Alfredo Fanchiotti engañó hasta al gobernador Felipe Solá, del que incluso logró un respaldo efímero. Luego las fotos de su intervención lo condenaron y Solá debió tragar el sapo de su vida. La única diferencia entre aquel suceso y algunos ocurridos aquí es que ningún registro gráfico, que se sepa, puso en problemas semejantes a Carlos Reutemann.