Bogotá. - En un clima de amenazas que ha obligado a una movilización sin precedentes de 212.000 uniformados se realizan hoy elecciones presidenciales en Colombia, que podrían permitir al independiente de derecha Alvaro Uribe alcanzar el 50% más uno necesario para evitar la segunda vuelta. Una fuerte tensión se vive en el país, con las principales ciudades militarizadas, en procura de garantizar que 23,8 millones de electores potenciales puedan expresar sus preferencias entre once candidatos en 60.294 mesas de votación.
En un momento crucial de su historia, menos de cien días después de que se rompiera el proceso de paz entre el gobierno y las Farc -el mayor grupo guerrillero del país, con 17.000 hombres-, los colombianos se aprestan a asistir a las urnas luego de una campaña electoral en que la candidata Ingrid Betancourt fuera secuestrada y el aspirante Uribe sufriera un atentado dinamitero, del cual salió ileso.
Uribe, un abogado y administrador de 49 años, llega a la elección presidencial con entre el 48 y el 51% de las preferencias, según las últimas encuestas realizadas por los medios de comunicación, lo cual genera incertidumbre sobre si logrará hoy convertirse en el sucesor del presidente Andrés Pastrana y evitar así una segunda vuelta prevista para el 16 de junio.
Su contendiente principal es el ex ministro del Interior liberal Horacio Serpa, con 23 a 26%, según las consultas, aspirante con quien deberá competir Uribe, en caso de que se presente una segunda vuelta. Los demás candidatos, -el izquierdista Luis Eduardo Garzón, la ex canciller Noemí Sanín y la ecologista Betancourt, ésta última todavía secuestrada- figuran con menos de 10% en la intención de voto de los colombianos.
Gran incertidumbre
La diferencia entre que haya o no una segunda vuelta tiene una connotación en Colombia que va más allá de la coyuntura política. En efecto, en un momento de violencia tan exacerbada, tres semanas más de campaña electoral generarían una fuerte incertidumbre en el orden público y en la seguridad de los candidatos, según varios analistas.
Si Uribe, un disidente del Partido Liberal, parece alzarse como el líder imbatible en la elección, gracias a su propuesta de mano dura para combatir a los grupos armados irregulares, la zozobra de la elección colombiana se presenta para hoy, tal como ha ocurrido a lo largo de la campaña, en el tema de la seguridad.
Aunque la violencia es rutinaria en esta nación andina de más de 40 millones de habitantes azotada por una guerra interna de casi cuatro décadas, en los últimos días las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) instaron a la población a abstenerse de votar e intensificaron sus hostilidades. Desde el 20 de febrero pasado, cuando el gobierno y las Farc rompieron tres años de diálogos de paz, el grupo insurgente inició una escalada de atentados contra la infraestructura productiva del país y las grandes ciudades.
Tras el atentado de que fue víctima el pasado 14 de abril, Uribe debió virtualmente cancelar toda actividad pública pues su cuerpo de seguridad y las autoridades le informaban de manera permanente de atentados potenciales que lo esperaban en los lugares a los que pensaba desplazarse.
Uribe, objetivo militar
Y es que este candidato fue declarado el año pasado por las Farc como objetivo militar. El mismo ha denunciado que en las zonas de influencia guerrillera hay un veto a su nombre. En contrapartida, Serpa ha denunciado que los paramilitares de extrema derecha le dan su apoyo a Uribe.
Para completar el panorama de turbulencias, el gobierno ha denunciado que la guerrilla de las Farc pretende sabotear la propia jornada electoral. "Tenemos que prepararnos para actos terroristas", dijo el viernes el presidente Pastrana, al anunciar un plan de seguridad que incluye a 212.000 hombres del ejército y la policía. Las palabras del mandatario parecieron confirmarse con el recrudecimiento de ataques contra torres de energía y puentes en carreteras estratégicas en las últimas 48 horas.
El mandatario debió reconocer igualmente que en 6 ó 7% del territorio colombiano no se podrán realizar los comicios por ausencia de fuerza pública. De hecho, en los últimos diez años, gracias a la presión de los grupos armados, en 180 de los 1.098 municipios del país no existe ninguna presencia de fuerza pública. El viernes se señaló que unas 1.200 mesas de votación de las más de 60.000 habilitadas serán trasladadas de regiones de alto riesgo a municipios donde se pueda garantizar la votación. (AFP y Reuters)
La Ciudad
