Héctor Recalde (*)
Los acontecimientos de los últimos cuatro meses abrieron diversos canales de discusión acerca de cómo solucionar o morigerar los efectos de la devaluación de nuestra moneda y del incipiente pero real proceso inflacionario desatado en paralelo. Mucho se ha escrito y mucho tiempo ha insumido hurgar las soluciones y sus posteriores variaciones sobre la situación de los ahorristas acorralados, acreedores pesificados, deudores encolerizados (todos ellos asistidos de derecho) y formadores de precios, empresas privatizadas, bancos. Pero se eludió bajo los "ni pienso", "no por ahora", o "luego que se estabilicen las demás variables" el imperativo social de adecuar los ingresos de los trabajadores a la nueva realidad. Al menos tres órdenes de razones contribuyen a la ineludible necesidad de incrementar los salarios: * Un mínimo sentido de justicia social impide resignarse a tolerar que los trabajadores vivan con salarios de diciembre de 2001 los precios de mayo de 2002. * La Constitución nacional, inspirada en la finalidad de afianzar la justicia y promover el bienestar general que surge de su Preámbulo, dispone en el artículo 14 bis que "el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador", entre otros bienes jurídicos que el constituyente ha considerado fundamentales, "retribución justa" y "salario mínimo, vital y móvil". * Desde el punto de vista económico resulta indispensable reactivar el mercado interno. Y la mejor vía es dotar de poder adquisitivo a la población. ¿Adónde irán, sino al consumo, los incrementos salariales propuestos? No faltarán quienes digan que aumentar salarios alentará la profundización de la espiral inflacionaria. La mejor demostración de la falsedad de tal argumento es la realidad: la inflación se desató con sueldos congelados. Y la incidencia del costo laboral es sólo del 13 por ciento promedio del costo de producción. La equidad, el derecho y la economía exigen, así, la inmediata recomposición salarial que los trabajadores reclaman y merecen. (*) Asesor de la CGT disidente.
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