La normal anormalidad de no aprobar en tiempo y en forma la ley de leyes

Marcelo Batiz

La octava parte del año ya es historia y la Administración Pública Nacional aún no cuenta con un presupuesto aprobado.
El incumplimiento de los plazos establecidos en la ley de administración financiera representa un retorno a la normal anormalidad que dominó gran parte del escenario económico argentino del siglo XX, con "pre" supuestos (nunca un prefijo tan fuera de lugar) presentados y aprobados en cualquier momento, incluso luego de la finalización del ejercicio.
La normal anormalidad se valió de otras vestimentas en los últimos once años, con presentaciones y aprobaciones en tiempo y forma de la ley de leyes.
Pero el cumplimiento no fue más allá de lo formal, ya que los últimos presupuestos fueron reformulados por una colección de decretos, algunos dictados horas después de que el Parlamento aprobase la ley, a sabiendas de que sería inmediatamente modificada. Se desconoce si para el 2002 se terminará con la normal anormalidad de la década pasada y sólo se recurrirá a la histórica de no cumplir con los plazos. Por lo pronto, las esperanzas de una rápida sanción se van desvaneciendo al compás de la ola de reclamos provinciales, gremiales y sectoriales.
Las advertencias que los funcionarios de Economía le vienen formulando en los últimos días a gobernadores y legisladores sobre los riesgos de una demora en la aprobación o un cambio en el nivel de gastos no parecieron haber surtido efecto.
En este caso, al equipo de Jorge Remes Lenicov y Oscar Lamberto le cabe sobrellevar las desdichas del pastorcito del cuento: muchos de sus antecesores amenazaron con las peores desgracias si el Parlamento no acataba los pedidos del Poder Ejecutivo, que a la postre se convertía en uno de los primeros en eludir los compromisos de austeridad. Como era inevitable, los habituales tironeos entre la Nación y las provincias a la hora de discutir el presupuesto incorporaron los nuevos condimentos de la realidad. Las provincias en su conjunto cargan con deudas por más de 16.000 millones de dólares y uno de los temas que traban la aprobación del presupuesto es la pesificación de esos compromisos.
A ello se le deben sumar los eternos debates por la promoción industrial y regional, ya prácticamente saldados a favor de las jurisdicciones del interior, que el Poder Ejecutivo ha querido desterrar en cada proyecto que envió al Parlamento desde hace una década. Ni Carlos Menem, ni Fernando De la Rúa ni Eduardo Duhalde han podido alzarse con la victoria en ese punto.
Pero además del frente provincial, el gobierno nacional se enfrenta ante los reclamos gremiales por la supresión del fondo de incentivo docente y la previsión de una inflación del 15 por ciento sin incrementos salariales. Desde la CTA se alertó sobre el aumento del número de pobres en el país que ello significa.
La discusión del presupuesto puso de manifiesto otra particularidad. No es De la Rúa el único presidente que tuvo problemas con los legisladores de su propio partido. Si bien el actual panorama no muestra señales de un resquebrajamiento del oficialismo como el experimentado por la Alianza el año pasado, no deja de resaltar que gran parte de la oposición al proyecto de presupuesto provenga de diputados del propio Justicialismo. El propio Lamberto, quien lidió más de una década como legislador en estos temas, debió enfrentar a los gritos las objeciones de sus ex colegas.
Mientras siguen las deliberaciones, la mitad de febrero ya pasó y nadie puede asegurar que en la segunda mitad se llegue a aprobar la ley. Nada es extraño en esta normal anormalidad. DyN.