El gobernador Carlos Reutemann dio ayer un paso más en pos de ajustar las cuentas provinciales de forma tal que se puedan sobrellevar abruptas caídas de la recaudación, de fondos de coparticipación y el crédito. El nuevo escenario económico arroja un desfinanciamiento de casi 500 millones de pesos y obliga a administración provincial a efectuar nuevos recortes en el gasto.
La fórmula para llegar a ese ajuste es por ahora un secreto de Estado que está en manos del gobernador Reutemann, pero algunas líneas de esa estrategia ya trascendieron en círculos cercanos a la gestión pública. Como un 65 por ciento del gasto santafesino está compuesto por sueldos y jubilaciones, el plan ineludiblemente deberá contemplar estas partidas.
Fuentes gubernamentales no descartaban anoche tener que llegar a reducir la planta de agentes públicos -que suman unos 110 mil en toda la provincia- pero el eje de la estrategia pasaría por un recorte salarial, que en principio sólo afectaría a quienes tienen ingresos por encima de los dos mil pesos. El ajuste también abarcaría a los pasivos, por medio de una ampliación de los alcances de la ley de emergencia previsional.
Suspendidos los fondos prometidos por el Banco Mundial, el gobierno también se prepara para reformular sus compromisos de pagos con proveedores y acreedores financieros (en algún momento se barajó la posibilidad de declarar un default), aunque en estos casos las decisiones podrían golpear mayoritariamente a bancos y empresas que operan en la región. A la banca comercial se les debe unos 80 millones de pesos.
A quién le toca
La necesidad de avanzar con la austeridad del gasto pusieron el foco de la atención sobre el Poder Judicial, que paga los mayores sueldos y jubilaciones, y en segundo plano al Legislativo, aunque este poder ya ha venido dando señales de estar dispuesto a hacer los deberes.
El crudo panorama que expuso anteayer del ministro de Hacienda, Juan Carlos Mercier, ante los legisladores provinciales llegó a oídos de la cúpula del Poder Judicial y ayer trascendió que hubo una reunión del alto tribunal en la cual se habría puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar con un autoajuste para anticiparse a la presión del Ejecutivo y manejar una versión propia de la modalidad de recorte.
De todos modos, si la raya pasa por los 2.000 pesos también incidirá en los ingresos de empleados del Registro Civil, el Enress, los ex del Banco Provincial, entre otros, y también en la grilla de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que deberá seguir siendo estatal a falta de inversores interesados en comprarla.
"Habrá que distribuir lo que ingrese", clonó ayer el gobernador 24 horas después las palabras del intendente Hermes Binner para el Estado provincial, y anticipó sobre la socialización de la pobreza fiscal: "Los sectores que no tengan recursos tendrán prioridad frente a los que más tienen". Reutemann realizó estas declaraciones en la asunción de Reynaldo Rossini como secretario general de la Gobernación.
La plata que no está
La urgencia de ajustar parte del desplome de la recaudación propia, que proyectada para todo el ejercicio superaría los 100 millones. A ello se suma una quita de más de 90 millones de coparticipación federal de 2002 que el gobierno nacional pospuso para el año próximo. También hay que contabilizar los 180 millones que quedaron congelados del crédito blando del Banco Mundial, luego de que la Argentina se declarara en default, y las previsibles dificultades para financiar los casi 100 millones de déficit que preveía el presupuesto 2002.
Ayer el gobernador fue taxativo: "Si nos vamos quedando sin recursos evidentemente vamos a tener que establecer una escala en lo que se priorizará a los que menos tienen ya que en esta situación la realidad nos lleva a ese camino".
Las palabras de Reutemann encendieron una luz roja entre los agentes provinciales, que ya en los dos últimos meses cobraron un porcentaje de sus salarios en Lecop y sobrellevaron fuertes recortes en Educación.
La posibilidad de que la caída de recursos afecte los salarios puede sacudir de la modorra a algunos gremios estatales; mucho más si se tiene en cuenta las diferencias entre distintos sectores de los agentes públicos donde se advierten notorios desniveles. No son los mismos los sueldos de, por ejemplo, los empleados legislativos, judiciales o de la EPE, que los de empleados de la administración central o del magisterio.
Por lo pronto, los legisladores provinciales comenzaron a armar el sustento jurídico para el nuevo tijeretazo. Habrá que ver quiénes se atreverán a sacar los pies del plato, siendo que es el propio Reutemann quien timonea las operaciones.
La Ciudad
