El secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, reclamó ayer a los legisladores que aprueben con urgencia el proyecto de presupuesto enviado anteayer al Parlamento, a pesar de que el mismo "tiene limitaciones brutales", ya que "la hiperinflación está a la vuelta de la esquina", según coincidieron diversos diputados. El funcionario santafesino expuso ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Jorge Matzkin (PJ-La Pampa), para avanzar en la elaboración del dictamen que permita llevar el presupuesto la semana próxima para su tratamiento al recinto de sesiones. Dada la gravedad de la situación, el secretario de Hacienda admitió que se estudia el licenciamiento de parte del personal del Estado, "con goce de sueldo", a los efectos de bajar los costos de la administración, al eliminar erogaciones en servicios, ya que hay atrasos por 1.000 millones de pesos en teléfonos, luz y otros.
Frente a la necesidad de optar por solucionar problemas dijo que "permanentemente se plantean alternativas por la carencia de fondos para atender los reclamos", y precisó que en esa circunstancia sabe "a quién darle" entre el Ministerio de Salud y los ahorristas en moneda extranjera.
El funcionario hizo una historia de cómo se llegó a las actuales circunstancias, en base a una tendencia a financiar los baches, "tirando la pelota para adelante", por lo que se ha llegado a "no poder dar nada a nadie", en circunstancias de hacerse cargo abruptamente de una administración no buscada.
Precisó que el proyecto de presupuesto enviado al Parlamento "no fue elaborado" por el actual equipo económico, sino que es el resultado de meses de trabajo de diferentes áreas de gobierno, ajustadas en las últimas semanas en base a las nuevas realidades detectadas al asumir en enero último.
La frase "hace falta tener pelotas para gobernar", lanzada por Lamberto a los legisladores, reclamando la sanción de la ley, motivó varios rechazos, por lo que pidió perdón.
El equipo de Hacienda expuso sobre diversos aspectos de las áreas a su cargo, precisando que el gasto previsto para el año alcanza a los 39.000 millones de pesos, fijándose el PBI en 292.000 millones, lo que representa una caída estimada del 4,9 por ciento, con una merma del consumo del 6,6 por ciento.
La inflación punta a punta estimada es del 14 por ciento, en un marco donde las exportaciones se calculan en 28.000 millones de dólares estadounidenses y las importaciones en 15.200 millones de la misma moneda, con la eliminación de reintegros de las exportaciones hacia el Mercosur. Esto último generó varias observaciones de diputados que no compartieron ese criterio, tales como Beatriz Nofal (UCR-Capital Federal), Juan Schiaretti (PJ-Córdoba) y Jesús Rodríguez (UCR-Capital Federal), los que advirtieron que eso "pondrá en peligro" la competitividad en el Mercosur ante posibles devaluaciones de los otros países del pacto regional.
Un tema que mereció un prolongado debate fue el relacionado con la eliminación de "nichos" del sistema tributario, lo que permitirá algunos ingresos adicionales, según indicó Lamberto.
El santafesino Carlos Castellani solicitó el mantenimiento de algunos subsidios para los empresarios previstos en los planes de competitividad que serán eliminados y obtuvo como respuesta que se analizan algunas de esas alternativas.
El reclamo de Nofal de encarar a la brevedad el cobro de los precios de transferencia, para lo cual propuso incluir una partida en el presupuesto, hizo que desde el equipo económico se adelantara que ya se ha reglamentado la ley correspondiente, aprobada más de dos años atrás, y que ayer quedó listo el formulario a llenar por las empresas.
Nofal también remarcó sus discrepancias, "morales y prácticas" por la licuación de los grandes pasivos empresarios, advirtiendo que sólo corresponde el de los pequeños montos de deuda, para los cuales el Estado debía adoptar como criterio la aplicación de un subsidio explícito.
Ante los planteos de varios legisladores frepasistas, como Cafiero y José Vitar, Lamberto afirmó que medidas como las retenciones al sector hidrocarburífero y la reducción de la alícuota del IVA al agro no se aplicarán por decreto sino a través de leyes del Congreso de la Nación.
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La Ciudad
