El presidente Eduardo Duhalde fue acusado ayer por la fiscalía federal de avasallar las garantías judiciales de los ciudadanos y violentar pactos internacionales sobre derechos humanos incorporados a la Constitución nacional, a raíz de la paralización de los juicios contra el corralito financiero que el gobierno dispuso por decreto el lunes último.
La acusación fue formulada por los fiscales Jorge Alvarez Berlanda y Gerardo Pollicita, quienes requirieron una serie de medidas de prueba al juez federal Rodolfo Canicoba Corral para determinar si Duhalde cometió delito al suspender, mediante un decreto de necesidad y urgencia y por el término de 180 días, todos los procesos judiciales contra el corralito bancario.
Además del presidente, bajo investigación penal se encuentran ahora el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el canciller Carlos Ruckauf y los ministros Jorge Vanossi (Justicia), Jorge Remes Lenicov (Economía), Alfredo Atanasof (Acción Social), Ginés González García (Salud), José de Mendiguren (Producción), Rodolfo Gabrielli (Interior), Horacio Jaunarena (Defensa) y Graciela Gianettasio (Educación).
Si bien Duhalde y su gabinete habían sido denunciados ante el juez por presunta traición a la Patria, los fiscales se abstuvieron de acusar por ese delito y, en cambio, promovieron acciones para investigarlos por abuso de autoridad, incumplimiento de sus deberes y violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el requerimiento de la fiscalía, figuran principios internacionales sobre derechos humanos que, a criterio de Alvarez Berlanda y Pollicita, habrían sido vulnerados por el gobierno mediante el decreto 214/2002, que dispuso la suspensión de las causas contra el corralito en respuesta al fallo mediante el cual la Corte declaró el viernes la inconstitucionalidad de las medidas que prohiben a los ahorristas recuperar fondos confiados a los bancos.
Puntualmente, los fiscales acusaron a Duhalde y sus colaboradores por la supuesta violación de normas que garantizan a los ciudadanos el "Derecho de Justicia", el "Derecho de Petición" a las autoridades y la facultad de buscar amparo en la "Protección Judicial".
Los fiscales propusieron al juez que requiera al Ministerio de Economía y al Banco Central de la República Argentina los antecedentes que dieron origen al decreto anticorralito y que reclame, además, informes sobre comunicaciones oficiales destinadas a hacer cumplir la suspensión de los juicios.
También sugirieron pedir copias del decreto a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
Nuevas presentaciones
Por su parte, el abogado Gustavo Romano Duffau se presentó ayer ante los tribunales de Lomas de Zamora para pedir que se declare la inconstitucionalidad del decreto anticorralito: "Se está violando la Constitución de manera flagrante", argumentó. Además, el juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, falló en favor de un ahorrista al establecer que el decreto 214 es contrario a la Carta Magna.
La Ciudad
