La comisión de Juicio Político formalizará hoy la apertura de una investigación sobre la Corte Suprema, en la cual los diputados deberán determinar si existen causales para acusar ante el Senado de mal desempeño de sus funciones a uno o más jueces del máximo tribunal.
Los diputados declararán "admisible" el juicio político y comenzarán una etapa sumarial donde analizarán unos cuarenta pedidos de promoción de destitución de los jueces, por su actuación en causas emblemáticas como el atentado a la embajada de Israel, la venta ilegal de armas, el rebalanceo telefónico y el corralito.
La reunión plenaria de comisión citada para las 11 deberá aprobar la apertura del juicio político decidido el martes en las tres subcomisiones de trabajo que evaluaron la cuarentena de expedientes que pedían la destitución de uno o más jueces del máximo tribunal.
Bajo la presidencia del justicialista Sergio Acevedo, los diputados del grupo deberán establecer el cronograma de trabajo de la etapa sumarial, aunque la primera medida que definirán será pedir los expedientes de cada causa donde están acusados los magistrados.
Acevedo ratificó ayer que "existen los elementos sustanciales para comenzar la investigación a la Corte por mal desempeño en sus funciones".
Uno de los acuerdos sustanciales alcanzados por los diputados y que deberá exponerse en la reunión de hoy, es que se tomará como base de la investigación un cúmulo de fallos, y no sólo centrar el estudio de la conducta de la Corte en la causa de armas o de la embajada de Israel, sino que incorporará los fallos del rebalanceo telefónico y la última acordada sobre el corralito.
Los legisladores del justicialismo, el Frepaso, el radicalismo y del Interbloque Frente ARI decidieron avanzar en una investigación sobre el desempeño de los miembros del tribunal en la última década, aunque los diputados de centro izquierda quieren también votar un proyecto para evitar que puedan recibir la jubilación mientras dure el juicio político.
En una conferencia, el Interbloque Frente ARI pidió ayer la sanción de un conjunto de proyectos de resolución y declaración, para que, por un lado, pedir al jefe de Estado Eduardo Duhalde que rechace la renuncia si algún juez presenta su dimisión, y para poder continuar la investigación aunque se produzca el abandono del cargo.
Durante la reunión con la prensa, Elisa Carrió, acompañada por José Vitar, Atilio Tazzioli, Graciela Ocaña, Héctor Polino y Carlos Raimundi, anunció la presentación de un nuevo juicio político contra la Corte por haber declarado constitucional la ley de riesgos del trabajo.
También se sumó ayer otro pedido de juicio político promovido por el demócrata de Mendoza Gustavo Gutiérrez, por la actuación del tribunal cuando permitió que la causa que afectaba a Raúl Moneta pase al juez federal Gustavo Literal, en reemplazo de Luis Leiva.
Reemplazantes naturales
Mientras, fuentes jurídicas revelaron ayer que los reemplazantes naturales de los ministros de la Corte, ante la eventualidad de una remoción, renuncia o jubilación total o parcial de sus miembros, serán los presidentes de las cámaras federales de todos los fueros del país, antes que los conjueces designados.
Los informantes precisaron que el sistema de reemplazos está previsto en el decreto-ley 1285, denominado de Organización de los Tribunales Nacionales, publicado en el Boletín Oficial del 7 de febrero de 1958 y ratificado por la ley 14.467.
En su artículo 22, la norma legal establece que "en los casos de recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, este tribunal se integrará, hasta el número legal para fallar, mediante sorteo entre los presidentes de las cámaras nacionales de apelación en lo Federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias".
"Si el tribunal no pudiera integrarse mediante el procedimiento previsto... se practicará un sorteo entre una lista de conjueces, hasta completar el número legal para fallar", agrega el mismo artículo.
De tal suerte, los conjueces designados sólo podrían intervenir en el caso en que ninguno de los presidentes de las cámaras federales de todos los fueros del país pudieran cumplir con ese rol.
La lista de conjueces está conformada por los abogados Jorge Anzorreguy, Luis Lozano, Guillermo Borda, Mariano Cavagna Martínez, Carlos Colombo, Julio Cueto Rúa, Jorge de la Rúa, Mario Molmenti, Herminio Morasso y Eduardo Zannoni.
Esos conjueces fueron designados por un período de tres años por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, tras cumplir los requisitos previstos en el artículo cuarto de la misma norma legal: "ser ciudadano argentino, abogado graduado en universidad nacional, con ocho años de ejercicio y las demás calidades exigidas para ser senador".
La Ciudad
