Sin la ansiedad mostrada por el gobierno durante el fin de semana, los diputados justicialistas comenzaron ayer a delinear cuidadosamente una estrategia que les permita avanzar con el juicio político a la Corte Suprema sin que se convierta en un bumerán en su contra.
Los tres grupos que analizarán los 31 pedidos de enjuiciamiento se reunirán hoy primera vez.
En tanto, pasado mañana se cumplirá con la primera etapa, cuando se dará admisión a las denuncias que se consideren con fundamento.
Luego se abrirá el período de la presentación de la prueba y, por último, en un tiempo que pocos se animan a ponerle fecha, la Cámara de Diputados formalizará la acusación.
El Senado deberá, finalmente, rechazar las denuncias o pedir la destitución de los magistrados.
Un ejemplo claro de los temores que enfrentan los justicialistas gira en torno al pedido de juicio político por la falta de excusación en la causa de tráfico de armas: si se destituye a los magistrados por ese motivo quedaría cuestionado el fallo mismo que permitió a Carlos Menem salir de prisión, con consecuencias imprevisibles para la interna del PJ.
Si bien se trata de uno de los expedientes más sólidos de la treintena de pedidos contra la Corte, desde el PJ quieren evitar usarlo como mascarón de proa por miedo a pisar terreno pantanoso donde puedan hundirse.
En principio, el titular de la comisión de juicio político, Sergio Acevedo, rechazó ayer que se pueda destituir a los jueces en apenas 15 días o un mes, tal como deslizaron el fin de semana en el gobierno movidos por el calor del enfrentamiento institucional entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
De hecho, Acevedo mantuvo ayer una reunión con el jefe del bloque, Humberto Roggero, donde se pusieron paños fríos a la ansiedad oficial y se recordó, entre otros antecedentes, que el juicio llevado adelante durante el gobierno de Juan Domingo Perón necesitó un año de trámite en la Cámara de Diputados y otro tanto en el Senado.
Para evitar que las denuncias contra los miembros de la Corte Suprema regresen como un bumerán, la estrategia del peronismo será tratar los pedidos como un conjunto.
Para ello comenzaron a revisar los antecedentes de denominado Caso Ritter. Se trata de un juez norteamericano que fue destituido en 1936, aunque ninguna de las denuncias que enfrentaba alcanzaban, por si solas, para echarlo.
"Si se toma alguna de las causas aisladas se puede decir que no tienen entidad, pero en su conjunto se transforman en una prueba grave, precisa y concordante sobre el desempeño de los jueces", comparó el diputado José Falú, de la comisión de Juicio Político.
Otro temor extendido en el justicialismo es que el fallo contra el corralito sea sólo el comienzo de una embestida de la Corte, y que puede prolongarse con nuevos pronunciamientos contra el gobierno.
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La Ciudad
