Luego de que Eduardo Duhalde insistiera ayer en que "en estos días" anunciará una reforma política parcial que enviará en breve al Congreso, en el gobierno comenzaron a pasar en limpio los borradores de los cambios que estaban en carpeta. La eliminación de las jubilaciones de privilegio, que todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias y la prohibición a los funcionarios de tener cuentas bancarias en el exterior, son sólo alguno de ellos.
El vicejefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero, adelantó que la reforma permitirá un ahorro de 1.000 millones de pesos, de acuerdo a los cálculos formulados recientemente en el marco de la mesa de diálogo auspiciada por la Iglesia.
Para Duhalde, la reforma (que será anunciada entre hoy y mañana, junto al paquete de medidas económicas) buscará restablecer "la confianza del hombre en los gobiernos y en sus instituciones".
El proyecto que el Ejecutivo enviará al Parlamento fue presentado por el diputado frepasista Darío Alessandro al llamado Diálogo Argentino (aunque atribuyó su impulso a "una decisión del presidente"), quien adelantó que funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio del Interior trabajarán en las próximas 48 horas para que la reforma política pueda ser incorporada al conjunto de los anuncios.
Cafiero dijo que el proyecto contempla también "la reducción de gastos en el Congreso nacional, en las Legislaturas provinciales, municipales y en las campañas electorales", y destacó que los recursos que se ahorrarán serán destinados a "reforzar los programas sociales que se van a llevar adelante" para "paliar la situación de millones de desposeídos".
El intento de reducir drásticamente los aproximadamente 2.600 millones de pesos que consume la actividad política, seguramente chocará con muchas voces críticas ya que propicia -por ejemplo- la unicameralidad en aquellas provincia (como Santa Fe) donde funcionan dos Cámaras legislativas, la eliminación de la mitad de los Concejos Deliberantes que existen en el país y que en muchos de ellos los ediles trabajen ad honórem.
También se reduciría a la mitad la cantidad de legisladores nacionales. La merma de recursos al Congreso nacional obligará a limitar el número de comiciones. De las 45 que funcionan en Diputados no quedarán más de 17. De las más de 60 que existen en Senadores (casi una por legislador) sólo continuarán unas treinta.
"Esto se va a llevar a cabo mediante convenios con las provincias y municipios" y va a significar "una expresión donde funcione la democracia, se respeten los derechos de las minorías que tienen representación", explicó Cafiero, y agregó que "la reforma no va a ser un achicamiento de la democracia, sino una ubicación del papel de la política como servidor en la función pública".
Este tema no deja de ser un dolor de cabeza para el Ejecutivo ya que tales cambios requieren una reforma constitucional. La estrategia del gobierno es llegar a un acuerdo político que posibilite aprobar la iniciativa a través de una ley Congreso. Pero si el Legislativo incurre en "demoras", Cafiero volvió ayer a mencionar la posibilidad de un decreto presidencial.
En cuanto al contenido de otros tópicos de la reforma, Cafiero explicó que impulsa "la abolición total y en términos retroactivos de las jubilaciones de privilegio, que significan -dijo- un ahorro importante para el sistema previsional". Aseguró que los políticos y funcionarios, que constituyen la mayor parte de sus beneficiarios, "se quedarán con la jubilación ordinaria, como cualquier otro jubilado".
El vicejefe de Gabinete dijo también que el gobierno hará "caso omiso a una vieja interpretación de la Corte" que permite que los magistrados eludan el pago de los impuestos a las a las ganancias y a los bienes personales".
"Consideramos que no tiene que haber ningún tipo de privilegios en la sociedad argentina y que los jueces querrán participar de este proyecto de transparencia y de igualdad", estimó.
Por su parte, el vocero presidencial, Eduardo Amadeo, explicó que "hay algunos" elementos de la reforma política que requieren de una modificación de la Constitución nacional, otros "se pueden hacerse por decreto" y "otros con leyes".
Tras señalar que se trata de "un proceso en el tiempo" que incluiría algo de todos estos procedimientos, Amadeo indicó que "el gran tema son aquellas cosas que vienen por reforma constitucional", que se dejarán para más adelante, pese a admitir que "hay gente que le tiene mucho miedo" a ese mecanismo.
El senador Antonio Cafiero se encargó de aportar algunas precisiones. Indicó que la conclusión de la mesa del diálogo fue reducir el número de diputados y senadores provinciales, unificando las cámaras legislativas, y que los concejales sean rentados sólo en ciudades con más de 50.000 habitantes, mientras que el resto trabaje ad honórem.
En cuanto a los que tienen dinero en el exterior, Cafiero sostuvo que si fuera presidente exigiría a sus ministros que informen dónde tienen sus ahorros: "El nivel de ética pública que debemos implantar entre los argentinos a veces tiene que llegar a algo que es un exceso, pero de cualquier manera necesario", advirtió.
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La Ciudad
