Un día de tensión en el gobierno

Horas antes del cacerolazo realizado anoche en distintos puntos del país, que en la Capital Federal culminó con graves y confusos incidentes, el gobierno se había mostrado "dispuesto a respetar" la convocatoria popular, aunque ratificó su decisión de "preservar la propiedad privada y evitar que acciones violentas puedan perturbar la paz", según coincidieron los ministros de Interior, Rodolfo Gabrielli, y de Trabajo, Alfredo Atanasof. De todos modos, el Ejecutivo no pudo ocultar su temor a un "viernes negro".
Atanasof dijo que "todas las expresiones son legítimas como lo es la decisión de quienes elijan hacer sonar las cacerolas para manifestar la angustia, que desde el gobierno compartimos".
Sin embargo, alertó: "Es necesario dividir claramente entre aquellos que buscaron este mecanismo como forma de exteriorizar sus reclamos de los violentos que, montándose en estas expresiones, pretender perturbar la paz social".
"El gobierno está dispuesto a respetar a quienes, en el marco de la ley, expresen de esta manera su angustia, pero también firmemente decidido a preservar la propiedad privada y a evitar que acciones violentas puedan perturbar la paz", sentenció Atanasof.
A su turno, Gabrielli afirmó que "es importante tener conciencia de la situación de catástrofe en que quedó el país, cuestión que no se soluciona de un día para el otro".
"Este gobierno está comprometido con los intereses nacionales y con los problemas de la gente, que se van a ir solucionando de a poco", vaticinó, para luego admitir que "entendemos su irritación, pero les advertimos a quienes van a manifestar que existen personas, que todos vimos en televisión, que tienen otros intereses como la violencia"
Asimismo, el jefe de Interior aconsejó a "todos los que quieran expresarse que lo hagan, pero que tengan cuidado con los infiltrados". Y subrayó: "Seremos inflexibles con los violentos".
Previamente, el vocero presidencial, Eduardo Amadeo, había reconocido la preocupación existente en el Ejecutivo por el cacerolazo convocado para anoche en toda la Argentina, no por la protesta en sí misma sino porque "haya algunos que quieran hacer de esto un viernes negro".
Fue entonces cuando el funcionario explicó que el gobierno organizó un "operativo especial, importante", de fuerzas de seguridad para evitar desbordes.
En ese sentido, el secretario de Seguridad Interior, Juan José Alvarez, subrayó el objetivo pautado: no permitir la llegada de los manifestantes a la Casa Rosada. "La Plaza de Mayo va estar vallada" en forma completa, advirtió.
Desde La Plata, el gobernador bonaerense, Felipe Solá, reconoció que "la gente tiene derecho a protestar, incluso a hacerlo frente a la casa de alguien que es un hombre público", pero, destacó, "el reclamo tiene que ser pacifico".
A su turno, el senador radical Leopoldo Moreau aprovechó para acusar al economista Ricardo López Murphy de pretender "agitar el fantasma de una supuesta dictadura marxista" porque "piensa que puede ser el (Juan María) Bordaberry (ex presidente uruguayo)) que algunos sectores militares carapintadas están propiciando para desestabilizar al país".