El equipo económico que encabeza el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, analizó ayer los detalles finales del presupuesto nacional, que será girado la semana que viene al Parlamento, y una profunda reforma en la estructura de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
Así lo informó una fuente de la cartera económica, que además desmintió que el secretario de Finanzas, Lisandro Barry, haya contratado a un asesor para la renegociación de la deuda externa.
La fuente señaló que en la reunión del equipo económico "se analizó la marcha del presupuesto y se acordó, entre otras cuestiones, que la semana que viene estará listo para mandarlo al Congreso".
El integrante del Palacio de Hacienda señaló que los funcionarios avanzaron sobre las directivas del presidente Eduardo Duhalde, quien dio precisas instrucciones para que la pauta de gastos e ingresos de este año esté aprobada en el corto plazo.
El gabinete también analizó la puesta en marcha de un plan de trabajo para la Afip. Ese programa, que prevé reformas de fondo, sería dado a conocer en detalle en las próximas horas por el administrador federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad.
La iniciativa tiende a recuperar niveles de recaudación perdidos en los últimos meses a causa de la recesión, indicó el informante.
La caída de los ingresos fiscales es uno de los puntos centrales dentro de las preocupaciones de los hombres del Palacio de Hacienda, puesto que sin una mejora en la recaudación será muy difícil cumplir las pautas presupuestadas en el proyecto que será remitido al Congreso.
El mes pasado la caída de la recaudación fue del 28,3 por ciento respecto al mismo período del año 2000, en tanto que la merma anual fue del 7,5 por ciento en el 2001 respecto del 2000.
Precisamente, la Afip decidió ayer postergar hasta la semana próxima varios vencimientos impositivos, incluyendo los que corresponden al pago de la moratoria.
El organismo emitió un escueto comunicado de prensa, en el que señala que "decidió posponer el pago cuenta del 1% que debía ser ingresado el próximo martes 22 de enero".
También resolvió considerar cumplidas en término las obligaciones vencidas hasta el día de ayer, siempre que se efectivicen hasta el 23 de enero próximo.
Uno de los temas que tiene por resolver el gobierno es si extiende los alcances de la moratoria, lanzada por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, que fue licuada por los efectos de la crisis y el corralito financiero. Ese programa contemplaba las deudas hasta mediados de año, y se estudia si sus alcances se extenderían hasta el 31 de diciembre.
Herramientas
El Palacio de Hacienda necesita en forma urgente definir las herramientas con las cuales buscará aumentar la recaudación porque necesita incorporar una previsión realista en el cálculo de recursos para hacer el presupuesto.
Como este tema viene muy flojo, sigue concentrándose en los recortes de gastos que hará a la ley de leyes. En tanto, el gobierno eliminó la cláusula de un decreto emitido por el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá que prohibía toda nueva contratación en el Estado con el objetivo de bajar el gasto público, aunque limitó esta posibilidad a mantener el presupuesto ejecutado durante el 2001.
Ajustado presupuesto
A través del decreto 113/2002, publicado ayer en el Boletín Oficial, se modificó el artículo 2 del decreto 25 del 23 de diciembre último que dispuso la prohibición de toda nueva designación, con la finalidad de limitar el gasto público al mismo del año pasado.
Con esta modificación, el Estado puede ahora contratar personal, aunque manteniendo siempre el presupuesto utilizado en el 2001.
Asimismo, el decreto 116/2002 dejó sin efecto la suspensión del servicio de telefonía celular móvil asignado a funcionarios, establecida por el decreto 35 del 26 de diciembre pasado, también durante la breve gestión de Rodríguez Saá.
A partir de ahora, se delega al jefe de Gabinete, al jefe de la Casa Militar y a autoridades superiores de organismos descentralizados la facultad de establecer excepciones.
Por otro lado, Remes Lenicov recibió ayer al vicejefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero, y al obispo de Santiago del Estero, Juan Carlos Maccarone, en el marco de la mesa de diálogo por la concertación política y social.