Las recientes manifestaciones de generalizado descontento social en casi todo el territorio provincial -que alcanzó un inusitado pico de violencia el martes pasado en Casilda- impulsó a un grupo de diputados radicales a proponer que Santa Fe se declare en emergencia social.
Con la finalidad de atenuar el impacto de la crisis sobre los sectores más golpeados de la población, Eduardo Galaretto, presidente del bloque de diputados radicales, le solicitó al titular de la Cámara baja, Alberto Hammerly, que convoque a una sesión extraordinaria para tratar un proyecto de ley -ingresado por la principal bancada opositora- que propicia la declaración de la emergencia social en la provincia por un lapso de 180 días.
Además de Galaretto, suscribieron la iniciativa los diputados radicales Raúl Molinas, Jorge Alvarez, Mario Ibaldi, Josefa Villalba, María Silvia Migno, Leonor Guido de Nirich y Federico Pezz.
Entre otros puntos, la propuesta contempla la suspensión por sesenta días de los cortes de servicios públicos, la renegociación entre el Poder Ejecutivo y el Nuevo Banco de Santa Fe de las comisiones que la entidad crediticia cobra a municipios y comunas y la derogación del pliego de bases y condiciones para la privatización de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
Además, se propone que los contribuyentes santafesinos puedan cancelar todas sus obligaciones tributarias y de servicios públicos con Lecop a valor nominal y la suspensión por 180 días del inicio o trámite de todo apremio fiscal en territorio santafesino.
En el articulado del proyecto que declara la emergencia social por 180 días en Santa Fe se apunta a "asegurar la asistencia alimentaria y sanitaria inmediata a aquellos habitantes que presenten altos índices de necesidades básicas insatisfechas, con un padrón único de beneficiarios y transfiriendo los medios de pago pertinentes a municipios y comunas".
Otro de los objetivos de la norma propuesta por el radicalismo apunta a "preservar la adjudicación de planes de empleo nacionales y provinciales", pero también a "garantizar a municipios y comunas los recursos indispensables para su funcionamiento y la prestación de los servicios básicos a la comunidad, propendiendo a asegurar un piso de coparticipación equivalente al promedio de los dos últimos años".
Solución de urgencia
Uno de los autores del proyecto sintetizó ante La Capital la razón de la iniciativa: "Se trata de una herramienta legislativa que posibilita encontrar soluciones urgentes a los problemas acuciantes que soporta la gente".
Este proyecto de ley, en cuya redacción también intervino el senador radical por el departamento Rosario Alberto Beccani, surgió con posterioridad a la reunión mantenida por la cúpula radical con el ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez.
El proyecto también sostiene que durante el período de emergencia social las liquidaciones de las cuotas coparticipables a municipalidades y comunas santafesinas se realicen sin las retenciones correspondientes a convenios de refinanciación de pasivos y planes Fonavi o Promudi.
Finalmente, la iniciativa del radicalismo establece la conformación de sendas comisiones integradas por funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores. Una de ellas estará encargada de evaluar y hacer un seguimiento de la emergencia social, en tanto que la otra podrá revisar la ley de presupuesto con el fin de adecuarla a la realidad económica, financiera y social.
El proyecto de ley fue acompañado por una nota dirigida a Hammerly por el propio Galaretto, quien le requiere la ampliación del temario de sesiones extraordinarias, incluyendo el mencionado proyecto y otros que tengan actualmente estado parlamentario.
La Ciudad
