Capitán Bermúdez. - "Vinimos en grupo porque a Capitán Bermúdez lo maneja una patota", dijeron los integrantes de una delegación de funcionarios y vecinos encabezada por el intendente interino, Fabián Gustavo Varela, presidente del Concejo por la UCR, durante una visita a La Capital. Inmovilizado por una huelga gremial el municipio no recauda ni presta servicios. La llegada de los Lecop no logró destrabar el conflicto. "Ahora piden la intervención", remarcaron.
"Capitán Bermúdez es tierra de nadie, la maneja una patota de veinte personas que está aterrorizando a todo el mundo, incluso a sus propios compañeros de trabajo, porque hay gente que quiere trabajar y no los dejan", graficaron en alusión al núcleo de gremialistas que mantiene ocupada a la Municipalidad y que pide la intervención.
El cisma entre el gremio y la actual gestión municipal mantiene indignados a los vecinos. "Antes nos dividían las vías del ferrocarril, ahora los conflictos", explicaron. Desde hace días el cementerio está cerrado, no se barre la ciudad ni se presta ningún servicio. Además tampoco se recaudan los aportes del 25 por ciento de quienes todavía tributan. El dato es fuerte y se corresponde con la realidad socioeconómica del lugar, que tiene un 40% de desocupación, una cifra que trepa al 65% si en el cálculo también se incluye a los subocupados.
"El voto popular legitimó a Gerardo Carlucci", razonó Varela, quien acotó que esa voluntad se ratificó con las últimas elecciones de concejales. "El pueblo avala abiertamente a este gobierno municipal", aseguró.
Sin coparticipación, con un presupuesto anual de tres millones de pesos y una deuda cercana a los 19 millones, el municipio afronta su peor momento. "A esta gestión se le cobran todos los desaguisados de administraciones anteriores", agregó Varela.
Pero si bien es el más grave, el económico no es el único frente de tormenta. "Por una actitud intransigente del gremio, no podemos disponer de las cajas municipales con recursos genuinos como la recaudación de tasas", explicó. La inmovilización de los fondos comenzó con la toma del municipio el pasado 26 de diciembre. "La Municipalidad está rodeada de cubiertas listas para ser quemadas", graficaron.
"Si mandamos a gente a trabajar aparece un grupo a patotearlos, les sacan las cosas y los amenazan", citaron a modo de ejemplo sobre cómo transcurre la vida cotidiana en una ciudad virtualmente tomada. Además, calificaron de neto corte político al nudo del conflicto, que divide aguas institucionales. "Desde hace dos años nos desestabilizan, no nos dejan gobernar, porque al gremio municipal lo maneja Ignacio Monzón, un puntero del ex intendente Daniel Cinalli", enfatizaron los funcionarios.
Entre las medidas que deben afrontar las autoridades municipales se anotan cortes sorpresivos de la ruta 11 y de las calles internas, bombas de estruendo en los domicilios, amenazas en plena calle, rotura de vehículos y propiedades. "Esto está en manos del juez Eduardo Filocco, quien hace dos años que tiene estas denuncias", acotaron.
Además, el clima de agresiones llegó a atemorizar a los vecinos, que hasta temen firmar un pedido para que el gobierno provincial tome cartas en el asunto. "La gente tiene miedo y la Justicia sigue mirando para otro lado, a pesar de que desde hace años tiene las denuncias hechas por instituciones intermedias", comentaron, y no dejaron pasar por alto un dato de peso: "La Intervención de Norberto Padúan fue desastrosa, todavía estamos pagando un préstamo de adelanto de coparticipación de ese período", explicaron.
La Municipalidad tiene 215 empleados en la planta permanente, con un promedio de sueldo de 900 pesos, según explicó el grupo, sin contar los adicionales. Afrontar esos salarios demanda unos 165 mil dólares mensuales sin contar los aportes, pero la realidad hace que la recaudación sea sólo de 120 mil. La cifra no incluye el pago a los 35 contratados. El difícil panorama llevó a Carlucci a reducir empleados contratados, sueldos y gabinete. "Esta gente tiene un solo objetivo: que se vaya el intendente para recuperar el poder", afirmaron.
Según los funcionarios, en la base del pedido de intervención hay intereses creados. "Carlucci dispuso una rebaja de suplementos y adicionales que en algunos casos llegaban hasta mil pesos". La otra razón es política: "Quieren volver al poder como sea", acotaron.
Las autoridades municipales difundieron anteayer un comunicado en el que se aclara que el núcleo disidente del gremio no aceptó levantar la medida de fuerza, a pesar de que el gobierno provincial dispuso la transferencia de 42 mil Lecop.
El sector que lidera Monzón pretende que la totalidad de la suma se aplique al pago de sueldos, pero cuando llegue el depósito se acreditarán 140 Lecop a cada trabajador municipal y el resto se aplicará a tareas de limpieza y mantenimiento, que llevan 25 días sin prestarse en forma correcta, sostiene el escrito.
Sindicato paralelo
La férrea postura del gremio generó la formación de un sindicato paralelo. A fin de acercar posiciones, meses atrás se convocó a una mesa de diálogo que presidió el ministro de gobierno, Lorenzo Domínguez. "Eso quedó en la nada, ahora hay una nueva propuesta para que también intervengan las instituciones, pero se está esperando una respuesta", explicaron los funcionarios.
De la visita realizada a este diario participaron Vilma Paulini y Herminia Cattani, de las secretarías de Gobierno y Cultura; los asesores letrados Juan Carlos Buscemi y Daniela Arce; la encargada de Obras Públicas, Azucena Davico, además de Juan Carlos Arrighi, José Martínez, Darío García, Estela Aguiar y varios vecinos.
La Ciudad
