Pedido empresario del norte santafesino

"La actividad comercial e industrial continúa el abrupto descenso de los niveles obtenidos con mucho esfuerzo", declaró el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (Corenosa), tras un taller de análisis de la situación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes). Las conclusiones a las que arribaron sus integrantes remarcan que "luego de cuatro años de recesión soportando efectos negativos generados por fallidas y equívocas políticas instrumentadas por los gobiernos se llegó a esta crisis generalizada".
Denunciaron que "la falta de competitividad, sumada a los retaceados y caros créditos financieros" fueron diluyendo el capital de las empresas, "generando un endeudamiento tal que con la actividad actual no se alcanza a cubrir ni siquiera los intereses".
Las entidades bancarias fueron centro de fuertes reclamos, calificando a la ayuda financiera recibida como "antieconómica y constantemente condicionada al criterio ocasional y el estado de ánimo de quienes la autorizaban".
Corenosa denunció que "a nadie le importa cómo solucionamos nuestros problemas, que son producto del desorden nacional en el que estamos sumergidos", declaró que "salvarse es un objetivo común" y elevó un pedido a la provincia y la Nación para que declaren la emergencia económica de las Mipymes.
La medida apuntaría a proteger a comerciantes e industriales de todas las acciones judiciales de las que son y serán pasibles por no haber cumplido en tiempo y forma con las obligaciones contraídas con bancos, DGI, API, Ansés, Osecac y Uocra.
Destacaron que "todos estos organismos, conociendo la situación por la que atravesamos, no dudaron en empeorarla aplicando multas, intereses usurarios, juicios y costas, entre otras cosas".
La propuesta del Corenosa para pilotear la crisis tiene cuatro puntos fundamentales. En primer lugar "lograr de los gobiernos el apoyo legal y financiero para defender los patrimonios, vivir del trabajo y crear empleo". Propone "fijar a los montos históricos y sin intereses las deudas de las Mipymes con organismos del Estado, estableciendo plazos de pagos a partir del comienzo del crecimiento en la actividad, que no será menor a los 180 días".
En tercer lugar creen necesario "instrumentar un mecanismo que normalice la relación con los bancos, a efecto de que las moras o las devoluciones de cheques no sienten precedentes negativos en sus legados".