El diseño de una política que ataque el desfasaje producido por la devaluación a las empresas endeudadas en dólares es motivo de un análisis muy fino, debido a la delgada línea que separa la solución de un problema real, que hace a la continuidad de la actividad económica, de la antipática socialización de pasivos financieros que ha ocurrido en otros períodos económicos en la Argentina.
De hecho, el proyecto del informe de la Comisión Investigadora sobre lavado de dinero de la Cámara de Diputados, que motorizó Elisa Carrió, asoció las metodologías de estatización de la deuda privada que, por ejemplo, impulsó Domingo Cavallo desde el Banco Central de la República Argentina a principios de la década del 80, durante la dictadura militar como una "matriz mafiosa".
El informe indica que cuando en 1980 las quiebras bancarias y la creciente crisis económica hicieron prever el abandono del sistema cambiario, los especuladores cambiaron a dólares sus pesos y constituyeron depósitos fuera del país.
Con la garantía de esos depósitos los bancos extranjeros les daban nuevos créditos en dólares, que cambiaban por pesos y colocaban a tasas cada vez más altas.
De ese modo, crecía una deuda externa privada que tenía como contra parte altos montos equivalentes de depósitos en el exterior. En el proceso, los especuladores ganaban la diferencia entre las tasas de interés externa e interna.
Como las reservas disminuían el gobierno obligó a las empresas públicas a contraer deuda externa, de modo que los especuladores privados pudieron completar la operatoria antes del cambio de gobierno de 1981.
Así, el sector público incrementaba su deuda externa para que disminuyera la deuda neta del sector privado, cuando no la precancelaba discretamente. Fue la primera modalidad de nacionalización de la deuda privada.
Los ruinosos seguros de cambio
El segundo mecanismo de nacionalización de la deuda vino con los seguros de cambio que representaron transferir al Estado la carga de la deuda privada. Vila y Sigaut (famoso por su frase "el que apuesta al dólar pierde") instituyeron los primeros seguros en junio de 1981; en julio de 1982 bajo la responsabilidad del general Reinaldo Bignone, el ministro de Economía de ese entonces José María Dagnino Pastore, y un precoz Domingo Cavallo, se dictaron nuevos seguros para préstamos vencidos o a vencer.
No solamente estos seguros de cambio fueron ruinosos para el Estado argentino debido a la desproporción entre las primas pagadas y las enormes devaluaciones, sino que en muchos casos se trató de un seguro sin causa ya que el perjuicio alegado no era tal: con las devaluaciones lo que un agente económico perdía por tener deudas nominadas en dólares lo ganaba por tener capitales colocados en el exterior del país.