En medio de fuertes presiones de bancos, empresas privatizadas y gobiernos extranjeros, el presidente Eduardo Duhalde, y un selecto grupo de ministros y legisladores mantenían anoche una reunión para armar el proyecto definitivo de ley de emergencia pública que deroga parcialmente la convertibilidad y otorga facultades especiales al Ejecutivo para manejar la devaluación del peso y sus consecuencias. Pese al borrador original que se difundió a media jornada, la definición de las nuevas medidas quedó empantanada en un infierno de negociaciones y apretadas. A tal punto que las decisiones tendientes a solucionar los dos temas más urgentes, la pesificación de las deudas y la devolución de los depósitos, estaban en veremos.
Los legisladores intentaban tratar de ampliar la pesificación de las deudas financieras frente a la idea del gobierno de acotarlas a los créditos hipotecarios tomados para vivienda única. De la misma manera, buscaban un texto que incluyera fórmulas más concretas para salir del corralito financiero.
No eran las únicas negociaciones en marcha. La vicejefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Kruguer, habló ayer con el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, mientras aún resonaban en la Casa de Gobierno los ecos de la durísima comunicación telefónica que mantuvo el viernes Duhalde con su para español, José María Aznar. Desde Chile, Menem le disparaba a la devaluación, y en la calle Reconquista los banqueros se reunían con el presidente del Banco Central, Roque Fernández. La misión: acotar las pérdidas por la salida del uno a uno y reclamar la actuación de la Corte frente a los fallos judiciales que liberaban el corralito. Al menos en este último caso, tuvieron inmediata respuesta positiva.
Las presiones se aceleraron apenas el presidente Eduardo Duhalde terminó de hablar, en Olivos, ante un auditorio compuesto fundamentalmente por empresarios del sector industrial y de la producción primaria. Allí anunció que comenzaba el gobierno de los sectores productivos, en reemplazo de la "alianza entre el poder político y financiero".
También adelantó el envío del proyecto de ley de emergencia pública al Congreso, que debía comenzar a tratarla en la misma noche. No fue así. El primer borrador que establecía la pesificación temporaria de los alquileres y contratos comerciales, la búsqueda de soluciones para los deudores del sistema financiero (sin mayores detalles), la conversión a pesos de los saldos deudores de las tarjetas y la desdolarización y desindexación de las tarifas, comenzó a perder forma con el transcurso de las horas.
La Cámara de Diputados postergó la sesión hasta hoy al mediodía y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salió a última hora a intentar calmar la creciente inquietud. "Se están ultimando detalles para que las medidas no perjudiquen ni a deudores ni a ahorristas", dijo.
El primer texto del Ejecutivo ponía fin a los principales aspectos de la Convertibilidad. Esto es, derogaba la paridad uno a uno y reformaba la Carta Orgánica del Banco Central para permitir la emisión de pesos y la actuación del gobierno en el mercado de cambios. Pero mantenía los artículos de la norma creada por Cavallo, de modo de asegurar la inembargabilidad de las reservas y mantener la prohibición de indexar precios y salarios.
Superpoderes conflictivos
Uno de los puntos que generó resistencia entre los legisladores era el que otorga a Duhalde superpoderes por dos años, no sólo para manejar la paridad cambiaria sino para decidir las medidas que actuarán sobre las consecuencias. Es decir, deudas y ahorros.
Otra arista conflictiva era la derogación de la ley de intangibilidad de los depósitos y la decisión de devolver la situación de los depósitos bancarios a los días previos a la disposición que permitía dolarizar las cuentas.
En el medio de este clima de indefinición, el Banco Central dictó feriado cambiario y bancario para los días lunes y martes. Aún así se podrán hacer algunas operaciones en los bancos, sin que impliquen conversión de moneda.
Más allá de la discusión de las medidas, una de las pocas certezas que existen sobre política económica es que se fijará una nueva paridad cambiaria, probablemente de 1,40. La fijación de la paridad queda reservada al PEN.
En el texto original, el Poder Ejecutivo se reserva también la posibilidad de cobrar derechos a la exportación de hidrocarburos, para financiar la reestructuración de esas deudas. En otro orden, se dispone la desdolarización de los contratos que el sector público realice con particulares, con lo que quedan sin efecto las cláusulas indexatorias en la moneda estadounidense.
Según ese anteproyecto, las obligaciones entre particulares no vinculadas al sistema financiero se pesificarán por 180 días y después de ese plazo las partes podrán renegociar las pautas de los contratos. Esta disposición abarca principalmente alquileres de inmuebles, servicios educativos y de salud prepagos y telefonía celular.
El gobierno, siempre en esa línea, podrá regular además en forma transitoria los precios de "insumos, bienes y servicios críticos", entre los que sobresalen los medicamentos.
Por último, el gobierno podrá canjear todos los bonos provinciales (patacón, quebracho, Cecacor, etc.) y nacionales (Lecop), tal como se intenta hacer infructuosamente desde mediados del año pasado.
La Ciudad
