El gobierno de Adolfo Rodríguez Saá deberá resolver en los próximos 40 días si concede la extradición del ex capitán naval Alfredo Astiz, quien fue detenido ayer en Mar del Plata por requerimiento de la Justicia de Suecia, que pidió la extradición del ex represor por su presunta responsabilidad en el secuestro y desaparición de Dagmar Hagelin.
"Hay una persecución en mi contra", se quejó ayer Astiz en una audiencia de apenas 20 minutos que mantuvo con el juez federal porteño Sergio Torres, quien esta tarde notificó al ex represor de los cargos en su contra y luego dispuso su traslado al Edificio Libertad. No obstante, se presume que el ex marino quedará alojado en dependencias de la Prefectura Naval en Zárate, donde estuvo preso hasta agosto último.
El caso Astiz se constituyó ayer en la primera decisión que deberá adoptar el nuevo gobierno sobre los juicios que distintos tribunales extranjeros sustancian contra represores argentinos por la desaparición de ciudadanos de sus respectivos países.
A través del secretario de Justicia y Asuntos Legislativos, Alberto Zuppi, la administración Rodríguez Saá prometió derogar el decreto que prohibía la extradición de argentinos, acusados en el exterior por delitos cometidos en territorio nacional.
Zuppi se presentó ayer en el tribunal federal a cargo del juez Torres poco después de que Astiz ingresara al despacho del magistrado, trasladado desde Mar del Plata, donde fue detenido en el jueves a la noche mientras se encontraba con familiares en un departamento.
No obstante, el juez no recibió a Zuppi, quien hizo saber a un secretario que se acercó con la sola intención de ofrecer colaboración a Torres, quien envió un oficio a la Cancillería para detallar la situación de Astiz.
Vernet, funcionario clave
Justamente, el canciller José María Vernet relativizó días atrás la promesa de Zuppi de dar curso a los pedidos de extradición. Y ahora es el funcionario clave para todo trámite judicial que transite por la vía diplomática, incluido el proceso que afronta Astiz.
Desde la semana próxima el ex marino estará a disposición del juez federal Juan José Galeano, quien durante la feria judicial reemplazará a su colega Torres. En el caso interviene, además, el fiscal Carlos Stornelli.
La Justicia sueca, en tanto, cuenta con un plazo de 40 días para formalizar el juicio de extradición y presentar los documentos y testimonios que incriminan a Astiz en la desaparición de la joven Hagelin, quien fue secuestrada por el aparato represivo en enero de 1977 en El Palomar, en el oeste del conurbano bonaerense.
La administración de Fernando de la Rúa, basándose en un principio de territorialidad, no reconoció atribuciones a los tribunales extranjeros para enjuiciar a represores argentinos por los crímenes cometidos en la dictadura del período 1976-83.
De la Rúa, en realidad, siguió la línea que había impuesto su antecesor, Carlos Menem, quien tampoco colaboró con los juicios que se realizan en el exterior por "genocidio y terrorismo de Estado" en Argentina.
Ahora el puntano Rodríguez Saá ha prometido cambiar la postura de Argentina y reconocer jurisdicción a tribunales extranjeros, cuyas resoluciones mantienen desde hace varios años a decenas de represores virtualmente presos en el país, ya que sobre ellos pesan órdenes de captura internacional que se ejecutarán apenas traspasen las fronteras nacionales.
La Ciudad
