El renunciante presidente Fernando de la Rúa no sólo deberá declarar ante la Justicia, en calidad de acusado acerca de los operativos policiales que ayer provocaron cinco muertes en Plaza de Mayo, sino que también deberá dar explicaciones sobre el estado de sitio, decretado a través de documentos que la Justicia ordenó secuestrar. En base a un pedido de la Fiscalía, la juez federal María Servini de Cubría ordenó el "inmediato secuestro de todas las actuaciones administrativas existentes en el ámbito de la Presidencia de la Nación, que dieron motivo a la sanción del decreto del Poder Ejecutivo 1678/01, por el cual se decretó el estado de sitio". La información fue suministrada por fuentes judiciales que dijeron que lo dispuesto por la juez fue requerido por el fiscal Luis Comparatore. Mediante el requerimiento, el fiscal solicitó el secuestro de las actuaciones sobre el decreto 1678 y de las armas y de "todo el material utilizado para la represión", que "se efectúen las pericias de rigor y la identificación del personal policial actuante".
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La Ciudad
