El renunciante presidente Fernando de la Rúa, el todavía ministro del Interior, Ramón Mestre, y el saliente secretario de Seguridad, Enrique Mathov, fueron acusados ayer por la Fiscalía federal como presuntos responsables de los homicidios cometidos en los operativos contra manifestantes, que se sucedieron durante toda la jornada pese a que la Justicia había ordenado el inmediato cese de "la represión indiscriminada".
La jueza federal María Servini de Cubría se disponía a librar esta madrugada una orden de arresto contra Mathov cuando el abogado y ex camarista Jorge Valerga Aráoz se comunicó con la magistrada para informar que el secretario se encaminaba hacia la sede judicial de Retiro para ponerse voluntariamente a disposición de la Justicia. El letrado cumplió su palabra y a las 22.45 el funcionario ingresó a los Tribunales, donde fue interrogado.
El fiscal federal Luis Comparatore formuló, pasadas las 22, un requerimiento de investigación penal contra De la Rúa, Mestre, Mathov y el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, y pidió a la juez que interrogue a todos bajo los cargos de homicidios, lesiones y privación ilegal de la libertad y, en el caso del todavía presidente, también por la ilegitimidad del decreto mediante el cual declaró el miércoles el estado de sitio.
"Se ha formulado un requerimiento y se ha pedido la convocatoria a De la Rúa, en calidad de imputado. Se está pidiendo que él comparezca, pero no podemos traerlo por la fuerza pública porque sigue teniendo fueros hasta que se le acepte la renuncia", explicaron fuentes judiciales.
Después de las 23 llegó a los Tribunales federales el comisario general Santos, quien enunció que "de ninguna manera me siento culpable por las muertes. La Policía Federal no tiene balas de plomo, no fue responsable. No creo que haya sido ninguna de nuestras armas la causante" del deceso de al menos cinco manifestantes.
Santos se retiró pasadas las 0.30 de hoy de los Tribunales federales, donde fue interrogado por Servini acerca de los operativos de represión desplegados por la fuerza, y en el marco de los cuales murieron cinco manifestantes.
Poco antes, según reveló el propio Santos, se fue de los tribunales el secretario de Seguridad, Enrique Mathov, quien también tuvo que declarar ante la magistrada.
Agregó el jefe de la Federal que el ministro del Interior, Ramón Mestre, no fue al juzgado porque "se encuentra con el presidente" Fernando de la Rúa, pero contó que el saliente funcionario se comunicó con la magistrada y comparecería en las próximas horas.
Pese a que está imputado como presunto responsable de los homicidios y lesiones, Santos dijo a la prensa que la policía actuó "en forma profesional".
La Policía Federal quedó bajo la lupa de la jueza y el fiscal Comparatore por su accionar frente a las protestas que se sucedieron en las últimas horas.
El jefe de la Federal, imputado en la investigación que conduce Servini, reconoció que fue notificado "respecto de la causa que se inició por las muertes" y dijo que los investigadores también dispusieron medidas para determinar "quién dio la orden" de reprimir y coordinó los operativos.
Igualmente, Santos declaró a la prensa que en la Plaza de Mayo y sus alrededores hubo "un grupo de inadaptados que se mimetizó toda la jornada con los que a juicio de ellos reclamaban con legítimo derecho".
Sostuvo que la policía "tuvo una actitud muy profesional, una convicción decidida, bajo la directiva de actuar con decisión y no con excesos".
"Pero -admitió- cuando se trata de contener una manifestación de estas características es difícil (no sobrepasar) el límite entre lo razonable y lo violento, es posible que haya habido cuestiones que no sean de nuestro deseo, pero lo importante es la convicción con la que se actuó", dijo, y concluyó: "Actuamos con prudencia y firmeza".
De la Rúa y Mestre, empero, gozan de inmunidad procesal hasta tanto sean formalmente despojados de sus funciones de gobierno.
Pero la juez Servini, a instancias del fiscal Comparatore, prohibiría a De la Rúa, Mestre, Mathov y Santos abandonar el país mientras se sustancia el proceso.
Por la tarde, la magistrada remitió un fax a De la Rúa, que aún no había renunciado, para advertirle que "se encuentra en trámite un proceso criminal relativo a los acontecimientos de estado público que se están desarrollando en la Plaza de Mayo y Casa de Gobierno".
En el oficio, de dos carillas, Servini reprochó al todavía presidente que el gobierno hubiera incumplido una orden expresa que había dado para "poner fin a la represión indiscriminada".
"Observo que, con posterioridad a mis directivas, la represión continuó e, incluso, se incrementó al punto de haber tomado conocimiento de la muerte de personas en ese lugar", escribió la magistrada, quien exigió precisiones sobre los responsables de los operativos y reclamó una explicación en cuanto a los "motivos" que llevaron al gobierno a "desobedecer mis órdenes".
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La Ciudad
