El subsecretario de Justicia de Santa Fe, Carlos Carranza, se reunió con jueces penales de la provincia para coordinar el tratamiento de los procesos contra los detenidos en los incidentes de los últimos días con el propósito de que obtengan la libertad sin demoras aquellos que no incurrieron en faltas graves y no tengan antecedentes. En tanto, organizaciones gremiales, políticas y de derechos humanos se presentaron ayer en Tribunales para solicitar que se investiguen los crímenes ocurridos en distintos puntos de Rosario durante los saqueos y manifestaciones del miércoles.
Carranza pidió a los jueces de instrucción, correccionales y de menores que atiendan con rapidez los casos de "hurto famélico", figura aplicada en Santa Fe desde los saqueos del •89 para definir aquellos robos de alimentos "por necesidad".
Tras las reuniones, Carranza participó en Buenos Aires del Consejo de Seguridad Interior presidido por el titular de Seguridad, Enrique Mathov, donde solicitó la "remisión urgente" a Santa Fe de más fuerzas federales. En el encuentro se decidió constituir comités de seguridad interior en cada provincia y se informó que el estado de sitio "no afecta las garantías constitucionales ni la libre circulación y expresión".
Reclamos en los Tribunales
En tanto, la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos exigieron en Tribunales el esclarecimiento del homicidio de Claudio Lepratti, el no docente baleado por la policía cuando se encontraba en el techo de la escuela 756 de barrio Las Flores. También lo hicieron el director del establecimiento, Carlos De la Torre, y la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia, gremio al que estaba afiliado Lepratti.
La CTC patrocinó además una presentación de los familiares de Juan Delgado, quien fue asesinado por un policía en Necochea y Pasco. Por otra parte, Jorge Testero, secretario del comité Rosario del Partido Comunista; Juan Carlos Bernasconi, del Movimiento Socialista de los Trabajadores; y Elida Luna, de Familiares de Detenidos Desaparecidos, exigieron que se aclare el homicidio de Graciela Acosta ocurrido en Villa Gobernador Gálvez.
El juez que interviene en las causas, Osvaldo Barbero, dispuso ayer el secuestro de algunas de las armas policiales involucradas en los homicidios e individualizó los números de todas las armas y fusiles empleados por la fuerza durante los operativos del miércoles. El magistrado dio intervención a la División Judiciales de la Unidad Regional II, dado que podría haber personal policial imputado, y evaluaba solicitar medidas y pericias a una fuerza ajena a la policía provincial.
Otra presentación fue hecha por Antonio Tesolini, miembro de la CTC, quien denunció una injustificada represión policial en el barrio San Francisquito luego de que el dueño de un súper de la avenida Perón y Lima decidiera regalar alimentos a los manifestantes. Entre otros que sufrieron lesiones, Tesolini resultó con dos heridas de balas de goma en esos incidentes. Según planteó la CTC ante el procurador general de la Corte, Jorge Boff, el edificio de Tribunales estaba desierto cuando fueron a denunciar el episodio, a las 17 del miércoles. La entidad requirió además que Barbero prohíba a los patrulleros circular con los números de los móviles tapados.
La Ciudad
