A dos años y nueve días de haber asumido el poder, acorralado por una economía en crisis y una situación social fuera de cauce, el presidente Fernando de la Rúa decretó ayer el estado de sitio en todo el país, en un intento por detener la ola de saqueos, piquetes y manifestaciones antigubernamentales que mantienen en vilo a la Argentina.
La medida, plasmada en el decreto 1678, rige a partir de hoy, se extenderá por 30 días y será enviada al Parlamento para su tratamiento en sesiones extraordinarias. Establece que no podrán reunirse más de tres personas en la vía pública.
De la Rúa tomó la decisión que suspende las garantías constitucionales, en el marco de la peor jornada desde que es presidente, con focos de estallido social en varios puntos del país y el trágico saldo de siete muertos.
El estado de sitio -que también se aplicó por una situación similar, en 1989, durante el final del gobierno de Raúl Alfonsín- fue decretado por el presidente tras una serie de reuniones con los integrantes del gabinete nacional, jefes de las fuerzas Armadas, de seguridad y dirigentes políticos. "Dispuse el estado de sitio para ponerle límites a los violentos", justificó en un discurso grabado que se difundió por televisión después de las 22.30.
Pocas horas antes, tanto De la Rúa como su jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, habían negado la posibilidad de adoptar esa medida extrema. Al salir de una reunión en Cáritas, en favor de la concertación, De la Rúa rechazó la alternativa y apeló a la "cordura y la reflexión" de la población frente a los saqueos, a los que calificó de "episodios aislados, no generalizados".
Sin embargo, el incremento de los desmanes que arrojaron heridos y luego muertos, lo obligó a cambiar de opinión, pese a la oposición a esa idea que sostenían Alfonsín y Colombo.
Reunión con las FFAA
El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, se reunió anoche con los jefes de las Fuerzas Armadas para transmitirles la decisión presidencial. De acuerdo a las versiones que se pudieron recoger de ese encuentro, los militares no pusieron reparos a su intervención en cuestiones de seguridad interna; no obstante, algunos de los presentes optarían por pedir que este papel de las FFAA sea avalado por una decisión del Congreso de la Nación.
Las repercusiones al estado de sitio no se hicieron esperar. El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, advirtió que el organismo que encabeza se encargará de "vigilar que no se vulneren los derechos humanos", a la vez que reclamó que el gobierno "preserve la vida de la gente y ponga un marco de prudencia al accionar de las fuerzas de seguridad".
Casi simultáneamente, el menemismo expresó su apoyo a la iniciativa de De la Rúa. Por medio de un documento público confeccionado en la sede del Partido Justicialista exigió "la adopción de medidas para superar el caos, la anarquía y la conmoción interior".
Finalmente, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) convocó para hoy a un paro nacional de actividades ante "la profundización de la crisis social" y en rechazo al estado de sitio.
La Cámara de Diputados reanudará hoy la sesión para debatir el decreto del gobierno. El debate que se viene no será sencillo porque justicialismo y radicalismo tienen posiciones encontradas. Los propios voceros dijeron que la votación será muy reñida.
La Ciudad
