En estos días aciagos, donde el pueblo no tiene más remedio que soportar los desvaríos de sus gobernantes, es muy importante comprender el camino que la Argentina recorrió en pos de su destrucción.
Nosotros hemos caído bajo la influencia de una corriente de voracidad e ideas demenciales que corren bajo la superficie de la clase política.
Después de una década dedicada a emitir dinero con endeudamiento, esa poderosa corriente de apetito por el dinero público ha orientado la política económica en una dirección peligrosa, que ahora nos conduce al abismo.
Inmediatamente después del pacto de Olivos, Argentina emprendió un camino erróneo, que provoca justificada desconfianza en las autoridades, instituciones y leyes.
La clase política, con terquedad y contumacia pretende mantener incólume el gasto público, especialmente el que los favorece, aún cuando ello cause la destrucción del país. Hoy nadie tiene la menor duda de que ellos, tanto el gobierno como la oposición, están dispuestos a exprimir con más impuestos al sector privado pero no aflojarán ni un milímetro sus irritantes privilegios.
En los años en que se trazó ese camino, hubo algunas personas que advirtieron el peligro y lo denunciaron por distintos medios, pero no se les hizo caso porque no anunciaban éxitos ilusorios y fueron considerados "comunicadores de malas ondas".
Por eso dichas personas dejaron de influir sobre el rumbo al que se encaminaba el país y hoy nos encontramos en estado de caos y anarquía.
Fuera de la ley
Ahora que estamos llegando al final de un proceso de decadencia, la apetencia estatal por el dinero de la gente se ha desenfrenado de tal manera que llega a extremos alarmantes.
Los tres poderes del Estado parecen haberse coaligado y puesto fuera de la ley. El Congreso, en violación flagrante del artículo 29 de la Constitución, ha concedido al Ejecutivo nacional facultades extraordinarias, otorgándole supremacías por las que la vida, el honor y la fortuna de los argentinos quedan a merced de simples decretos; en tal caso el Congreso queda incurso en la responsabilidad y pena de los "infames traidores a la patria".
El Poder Ejecutivo, en un genuino golpe de Estado ha destruido las bases monetarias y bancarias del orden jurídico, que es uno de los pilares del orden social, violando derechos y garantías fundamentales reconocidas por la Constitución Nacional.
La Corte Suprema convalida sumisamente este accionar y se ocupa preferentemente por conservar celosamente el privilegio de no pagar impuestos negándose a recortar sus remuneraciones.
En medio de este pandemónium de medidas erráticas y demenciales, quizás no hemos advertido que la Argentina ha dejado de ser un Estado de derecho y se ha convertido en arbitrario e impredecible, donde cualquier iniquidad es posible. Veamos cómo el gobierno se ha puesto fuera de la ley:
1) Ha violado el derecho de propiedad privada en cuanto a su posesión uso y disposición. No hace falta más que mencionar la prohibición de disponer del dinero efectivo depositado en bancos, la incautación de los dólares de los exportadores y la apropiación de los plazos fijos de las AFJP para pagar vencimientos de la deuda pública.
2) No garantiza la intangibilidad de los contratos privados celebrados en relación con bienes y derechos monetarios o bancarios, dolarizando en forma forzosa las deudas en pesos con el sistema bancario y violando la ley de intangibilidad de los depósitos que prohibía al Estado cambiar las condiciones contractuales pactadas entre el banco y sus clientes.
3) Prohíbe la libre transferencia de fondos propios desde y hacia el exterior sujetándolos a una autorización arbitraria del Banco Central.
4) Trastoca la jerarquía de las normas legales que establecía la supremacía de la Constitución sobre las leyes y de éstas sobre los decretos. Hoy un decreto modifica y deroga disposiciones superiores cuando dispone depositar las divisas que respaldan la convertibilidad en el Banco Nación y le ordena prestarle esos dólares al Estado contra entrega de bonos de la deuda pública; también cuando altera las normas de efectivos mínimos requeridos para los depósitos en pesos y dólares; cuando deroga la desregulación del comercio exterior dispuesta por una ley de orden público y cuando obliga a los bancos a traer el dinero depositado en Nueva York como garantía de liquidez y lo utiliza para pagar servicios de la deuda pública.
También trastoca el orden jurídico cuando pone en riesgo de incumplimiento la convertibilidad monetaria, estimándose que en estos momentos no está en condiciones de cumplir con los términos de esa ley.
Qué podemos hacer
Debemos ver con claridad que ese movimiento nos conduce sigilosamente hacia el caos social y la anarquía política, por eso es necesaria la acción conjunta de todos los habitantes para:
1) Proclamar el derecho a la propiedad privada de los bienes honestamente ganados y el derecho a la libertad de iniciativa con el fin de hacer lo que queramos con nuestras cuentas bancarias o tarjetas de crédito siempre que se respeten la moral y las buenas costumbres.
2) Dejar de soportar en silencio y resignadamente las disposiciones arbitrarias, erráticas y ridículas de nuestros gobernantes y librarnos de los dirigentes que mienten o transan, marcando a cada hombre público que se proponga someternos a reglas arbitrarias o que consienta la corrupción de sus correligionarios.
3) Poner fin a la orgía del despilfarro que ha llevado la Nación a la bancarrota, derogando el derecho de seguir gastando miles de millones sin responsabilidad personal y solidaria o el derecho a contraer deuda pública que luego pagamos dolorosamente con nuestros recursos.
4) Echar manos a la reconstrucción integral de los pilares de nuestro orden social, restaurando las bases morales en la economía, cambiando la política, reformando las leyes, modificando el Estado y exigiendo una dirigencia honesta con liderazgo ejemplar.
Nuestra salvación futura no puede depender de ningún partido político y mucho menos de los protagonistas que causaron la destrucción de la economía y el orden social.
Debemos crear un poder fuera de los partidos, tan fuerte que los políticos se vean obligados a someterse a sus exigencias. Hemos cometido el trágico error de suponer que la batalla podría dejarse en manos de senadores, diputados, concejales, intendentes, gobernadores y presidente, pensando que ella sólo se libra en las urnas.
Luego, cuando las elecciones pasan descubrimos que nuestros propios representantes se han convertido en casta privilegiada que nos oprime.
Ellos están dominados exclusivamente por su interés personal y los de su pandilla, necesitan del pueblo para llegar al cargo político, pero luego se mantienen con apoyo de sus pares.
Por eso han convertido a la política en una organización mafiosa que les permite perpetuarse y rotar por cualquier cargo. Lo que debemos meternos en el cerebro es que el país no se reconstruye con una sucesión de batallas desvinculadas entre sí: jubilados contra el Pami y la Ansés, depositantes contra bancos; trabajadores contra empresarios; o camioneros contra automovilistas.
Estamos en una única guerra por nuestra supervivencia civilizada como Nación. Y mientras más pronto nos demos cuenta de ello, de que cada batalla es la de todos, que debe ser librada por las fuerzas combinadas de todos y que la jefatura de la sociedad civil debe ir a las manos de hombres honestos, representativos y referentes, que no se comprometan con la política pero que hablen y reclamen en nuestro nombre, entonces estaremos en mejores condiciones para triunfar.
Debemos volver a lo fundamental. Nuestros padres dieron al mundo el sublime ejemplo de un país que, invocando la protección de Dios fuente de toda razón y justicia, aseguró los beneficios de la libertad para ellos y todos los hombres del mundo que quisieran habitar este suelo argentino.
Tuvimos estadistas que convirtieron un desierto despoblado en una de las naciones más importantes del planeta y que encontraron en la sabia Constitución de Alberdi los medios para eliminar al Estado despótico y elevar al pueblo soberano liberando las energías de los hombres libres.
Debemos comenzar ya mismo a desmantelar el Estado despótico, arbitrario e impredecible que se ha erigido en dueño de nuestras vidas y dirige nuestro destino. Debemos reconstruir una vez más las energías de un pueblo libre, feliz y solidario.
Hay que hacer de nuevo a la Argentina: ¡vale la pena!
La Ciudad
