El ministro de Hacienda, Juan Carlos Mercier, admitió ayer que el recorte del presupuesto 2002, girado el martes a la Legislatura, alcanzará a los 420 millones de pesos en caso de que la Nación no cumpla con sus compromisos y quede sin efecto el préstamo del Banco Mundial.
Admitió, además, que de agravarse la situación financiera "cada vez se hace más difícil atender el pago de salarios" en la provincia y que si la plata de la coparticipación y el crédito no llega "estamos en riesgo de ingresar en un desfinanciamiento muy fuerte que comprometería la prestación de servicios de la provincia".
El funcionario hizo estas declaraciones durante una jornada en la que se alentaron versiones sobre su renuncia. Aunque se encargó de negarlas, sí aceptó que tanto él como su equipo sienten "frustración" por no poder resolver los graves problemas que afectan a la economía provincial como consecuencia de los incumplimientos del gobierno nacional (ver aparte).
Mercier insistió en que no tiene fecha comprometida por parte de la Nación para el envío de los 80 millones de dólares en Lecop que el gobierno tendría que haber enviado el lunes pasado y que representan el 50% de la deuda por coparticipación. "Ni zapallos nos mandaron", dijo el ministro para referirse a la falta de noticias sobre la llegada de la partida de bonos.
El titular de Hacienda habló con la prensa ayer en Santa Fe sobre el presupuesto 2002 que fue girado a las Cámaras con fuertes recortes en distintas áreas, especialmente en Educación, donde la disminución presupuestaria supera los 50 millones de pesos respecto del año pasado, y con un déficit de 18,8 millones de pesos.
El ministro admitió que en caso de que no se reciba el dinero del Banco Mundial (que habilitó un préstamo de 330 millones de dólares para la provincia) y que peligra por la situación de crisis del país y el riesgo de un default, "estaríamos con un desfinanciamiento muy fuerte, que entraría en definitiva a comprometer en forma significativa la prestación de los distintos servicios a cargo de la provincia".
Mercier dijo que el presupuesto enviado a la Legislatura "tiene como objetivo cumplir con la meta del gobernador de afectar lo menos posible el gasto social: salud, educación, seguridad y promoción comunitaria", a la vez que recordó que se hicieron los esfuerzos de tipo "compensatorio" al buscar reducir el gasto político en los tres poderes.
También indicó que el gobierno provincial trabajará para que "no se caiga el crédito del Banco Mundial" y explicó que aún en el caso de que la Nación no cumpla es conveniente seguir atendiendo las metas la entidad "porque siempre el daño será mucho menor". Mercier aclaró que "se sigue trabajando con la idea de que el gobierno nacional va a acordar con el FMI", pero aceptó que si la negociación fracasa "es muy probable que Santa Fe pierda el crédito" del organismo .
La privatización de la EPE
El funcionario precisó además que la provincia "está obligada, antes del segundo desembolso, a poner a la venta los pliegos de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), no a venderla" y recordó que el mismo ordenamiento legal prevé que debe cubrirse un 70% del valor de mercado y que si ello no ocurriera o no hubiera oferentes, no está obligada a malvender, "pero sí a demostrar que hizo todos los esfuerzos necesarios".
El ministro confirmó que hasta ayer no se habían recibido los 78 millones de pesos comprometidos por la Nación para saldar el 50% de su deuda por coparticipación y déficit previsional. Irónicamente, Mercier apuntó: "Hasta hoy no hemos recibido ni dólares, ni pesos, ni Lecop, ni zapallos. Nada". Más categórico resultó al recordar que la totalidad de la deuda, de 160 millones de pesos, equivale al pago de sueldos y jubilaciones de diciembre, más el aguinaldo. "Así que la plata de los sueldos y aguinaldos de los empleados públicos santafesinos la tiene la Nación", aclaró, para agregar que "cada vez es más difícil programar el pago de salarios".
"Algunos funcionarios nacionales pretenden que la provincia se endeude en Lecop a su cargo, y la Nación lo único que nos otorga es un certificado, que dice que cuando venzan, las van a pagar. Después hay que cambiarlas por dinero", sentenció.
La Ciudad
