Eugenia Langone
"Usted también es discapacitado porque es ciego, sordo y mudo". Esa fue sólo una de las frases de protesta con la que los padres de chicos discapacitados bombardearon ayer al interventor del Pami local, Ricardo Volpintesta. Pero no sólo los papás, sino también docentes, representantes de escuelas especiales y los mismos beneficiarios invadieron el despacho del funcionario en reclamo del pago de la deuda que la obra social tiene desde junio pasado con las entidades que atienden a estos pacientes. Y como si fuera poco, los fondos que la Nación debe enviar a la provincia para pagar la atención de los discapacitados de menores recursos, que se realiza a través del llamado sistema único, nunca llegaron. Así, son cerca de 600 las personas que están al borde de quedarse sin tratamiento.
Lo cierto es que la situación de los discapacitados beneficiarios del Pami en el resto del país es tan crítica como a nivel local y hasta hubo que lamentar el lunes pasado la muerte de un nene de 11 años. El fallecimiento de Sergio, que esperaba que el Pami le brindara tratamiento médico, desató la protesta que lleva adelante el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Foro Pro) en la Plaza de Mayo (ver página 6).
Mientras tanto, los discapacitados y sus familiares solicitaron ayer por las buenas una reunión con el titular del Pami local. Pero al no obtener respuestas, invadieron el hall del edificio de San Lorenzo al 900 con pancartas en las que pedían "vivir dignamente".
Entre empujones y gritos, lograron que Volpintesta recibiera un petitorio en el que no sólo recordaron "la obligatoriedad de la atención integral en habilitación y rehabilitación a favor de las personas con discapacidad ya sea por parte del Estado o de las obras sociales", sino además solicitaban que "el Estado dispusiera los recursos económicos necesarios para garantizar la continuidad de la atención" de sus hijos.
El funcionario prometió elevar el problema a la sede central de la obra social y los convocó a realizar una reunión el miércoles próximo para "delinear una estrategia de trabajo conjunta".
Son 15 las instituciones que en la ciudad atienden a chicos y adultos discapacitados y que están al borde de la suspensión de las prestaciones. Algunas de las entidades funcionan como centros de día y otras son escuelas especiales, mientras que los institutos de internación son los que se encuentran en una situación más delicada porque tienen una infraestructura más costosa para sostener.
"El personal médico y docente está trabajando gratis y si las instituciones siguen prestando los servicios es porque hay una red solidaria. Pero hay una realidad: si no cobran, se van a quedar sin fondos para hacer frente a sus obligaciones", aseguró una trabajadora social que asiste a discapacitados, Blanca Peñaloza, quien además disparó: "Es un verdadero genocidio".
A la deuda del Pami para con las prestaciones de sus beneficiarios hay que sumarle la deuda que la Nación tiene con la provincia para cubrir la atención de los discapacitados sin obra social (el llamado sistema único que está en marcha desde mediados del año pasado).
"Si todo sigue así, van a quedar sin atención tanto los que tienen como los que no tienen obra social. La situación de los carenciados es más delicada porque son doblemente vulnerables", apuntó Peñaloza que también pertenece a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Lo cierto es que luego de recibir gritos, insultos y empujones, el titular del Pami Rosario se comprometió a trabajar en una comisión con padres, docentes y representantes de las instituciones. Y tuvo que escuchar el reclamo principal: "Le pedimos que usted no sea ni ciego ni sordo ni mudo".
| |
La Ciudad
