Sastre. - El concejal del Frente Grande Claudio Seveso denunció ante sus pares que el Departamento Ejecutivo quebrantó la legislación vigente en el proceso de adjudicación de una obra de viviendas por 243.585 pesos. El edil responsabilizó al intendente Rosaldo Gardella y al secretario de Gobierno, Diego Ferrari, por no haber llamado a licitación pública para adjudicar los trabajos, que una empresa sastrense comenzó en la segunda quincena de octubre, con fondos de la Dirección Provincial de Vivienda.
Según un informe presentado por Seveso en el Concejo, tanto la ley orgánica de municipios como una ordenanza reguladora de 1994 establecen la obligatoriedad de convocar a licitación pública para estos casos. Incluso, la normativa municipal determina ese accionar cuando el monto supera los cinco mil pesos.
En este caso, tras un llamado a concurso difundido por radios locales, se presentaron dos empresas constructoras y un particular. Este último lo hizo fuera de tiempo, por lo cual se tuvieron en cuenta sólo dos ofertas. Finalmente resultó adjudicataria la empresa Héctor Mensa.
"No se cumplieron las condiciones para encuadrar la adjudicación del contrato ni siquiera como concurso de precios, por no ajustarse a la ordenanza, que indica claramente que se debe tener la cotización de al menos tres proveedores. Pero el presidente del Concejo dijo que sólo dos empresas retiraron el pliego de condiciones".
Asimismo, para el concejal, además del incumplimiento de la ordenanza se violó la ley de municipios, que "fija tajantes límites a la posibilidad de contratar, según los montos".
El edil envió su presentación en el Concejo para salvar su responsabilidad como edil ya que en ningún momento fue consultado sobre el tema. "Tampoco me consta -agregó- que el Ejecutivo haya preguntado al Concejo en relación con la forma de seleccionar al adjudicatario de esta importante obra".
Seveso dijo que las responsabilidades son exclusivas del Ejecutivo y recordó, además, que en otra oportunidad la Intendencia pidió autorización al Concejo para realizar la compra directa de un vehículo por ocho mil pesos. En esa ocasión fue concedida, aunque algunos ediles sugirieron evitar excesos en las contrataciones directas.
"Esta vez -agregó- existe el agravante de que no se envió al Concejo pedido de autorización alguno, lo cual hubiera evitado la transgresión legal. De este modo resulta difícil sostener que el contrato goza de transparencia", finalizó Seveso.
El barrio comenzó a construirse al norte de la ciudad y comprende un total de 24 unidades, aunque el monto en cuestión corresponde a la primera etapa de quince. Hasta ahora se construyó un 10 por ciento de la obra, que tal vez sufra demoras hasta que se aclare este problema.
"Absoluta transparencia"
El intendente sastrense Rosaldo Gardella reconoció en una reunión de comisión del Concejo que "un olvido hizo que se cometa el error de no enviar un proyecto de ordenanza para que el cuerpo avale el método de contratación utilizado". Al mismo tiempo aseguró que cada paso de la adjudicación "goza de absoluta transparencia, lo que permitirá subsanar el error a través de la participación que tomaron los concejales en el asunto".
"Ahora se enviará la ordenanza al Concejo, será tratada por los ediles y en poco tiempo el problema estará solucionado", dijo el intendente, quien adelantó que se llamará a un concurso de precios y no a una licitación "para acortar los plazos de la convocatoria y evitar que la construcción de las viviendas se suspenda por mucho tiempo".
La Ciudad
