La combinación de la crisis económica profunda, la insostenible deuda pública y la ley de déficit cero ha estrechado a tal punto el escenario político argentino que los únicos protagonistas posibles son los poderes ejecutivos y administrativos, ya sean nacionales, provinciales o privados.
Ministros, gobernadores, asesores, economistas, acreedores, son los actores privilegiados de una obra compleja y extensa en la que el Congreso es apenas un espectador que alguna vez también compartió el proscenio y que anhela volver a hacerlo.
¿Qué pueden hacer las cámaras parlamentarias que no implique poner en jaque las premisas fundamentales de la administración de Fernando De la Rúa? Muy poco.
De hecho, desde hace mucho tiempo el Congreso se ha convertido en un mero certificador de iniciativas del Poder Ejecutivo que no ha podido generar una sola propuesta propia de envergadura.
Impuestazo, ley de ministerios, reforma laboral, convertibilidad ampliada (ley del euro), emergencia económica, impuesto al cheque, ley de déficit cero, fueron los hitos salientes de los últimos dos años de actividad parlamentaria.
El Congreso puso su sello a todos los proyectos y nada sirvió para evitar un desmejoramiento de la situación social y económica. Inclusive aprobó proyectos del gobierno que después el propio Ejecutivo descartó por su inviabilidad como el Fuero Penal Tributario.
Así como durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem la catarata de decretos de necesidad y urgencia habían relativizado el rol parlamentario, ahora que se proclama mayor atención al Parlamento, su papel ha quedado reducido por la crisis y una política económica que no dejan mucho margen para alternativas.
En este contexto, el 10 de diciembre se producirá la renovación de la totalidad del Senado y de la mitad de la Cámara de Diputados. ¿Algo puede cambiar o el Congreso quedará confinado nuevamente a un mero papel legitimizador?
Por lo visto hasta el momento, todo dependerá de la dinámica que adquiera el Partido Justicialista, que aumentó su representación mayoritaria en la Cámara alta y que se quedó con la primera minoría en Diputados.
En las primeras reuniones de los senadores electos pareció prevalecer una actitud más confrontativa que en la actual conformación del bloque, alentada por el triunfo electoral y por la evidencia de que el gobierno nacional no puede abandonar su imagen de debilidad.
En esos encuentros, en los que también abrevan algunos diputados en ejercicio, se analizaron con seriedad medidas que intranquilizan al oficialismo.
Las dos más importantes son las de reclamar la presidencia provisional del Senado (la de Diputados pasará a sus manos), lo que representaría incorporarse a la línea sucesoria presidencial, y la de sancionar una ley que haga coparticipable el impuesto al cheque, el sostén de la recaudación fiscal de los últimos meses.
En una segunda línea emergen las posibilidades de derogar los superpoderes legislativos delegados al gobierno y de promover un juicio político al ministro de Economía, Domingo Cavallo.
El frente completo del PJ todavía emerge diversificado y sin un discurso unificado. Gobernadores, menemistas y duhaldistas, provincias endeudadas y saneadas, forman parte de una serie de divisiones que todavía no se han soldado.
Antes del 10 de diciembre el justicialismo deberá definir cómo actúa ante la actual coyuntura, no sólo en el plano discursivo, sino en los hechos.
Desde el radicalismo todavía no parten señales claras. La primera reunión del futuro bloque de senadores fue más protocolar que ejecutiva y la bancada de diputados todavía está repensando qué hará después de perder la presidencia del cuerpo y de ver cómo se terminaba de diezmar lo que era la representación de la Alianza.
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La Ciudad
