Editorial

El papel del Congreso

La profunda recesión económica y el peso insostenible de la deuda pública han generado sucesivos paquetes de medidas que hasta el presente no se han mostrado útiles, lo cual no prejuzga sobre los resultados del plan que el gobierno acaba de anunciar. Los sucesivos fracasos económicos y algunos episodios adicionales, como el escándalo del Senado y el desmembramiento de la Alianza, han producido una fuerte crisis de credibilidad que afecta a toda la dirigencia política y ello se manifestó claramente en las elecciones.
En el curso de este proceso el mayor protagonismo ha correspondido al gobierno en desmedro del Congreso nacional, que no se ha mostrado, salvo excepciones, como un ámbito apropiado para el debate de las ideas capaces de sacar al país de la crisis. El primer plano de la acción política fue ocupado por ministros, gobernadores y economistas, mientras que el papel de los legisladores, en cambio, se redujo a convalidar los proyectos del Ejecutivo, hasta el punto de amputarse por un tiempo sus facultades mediante la concesión de los llamados superpoderes. Esta entrega, más allá de la discusión sobre su constitucionalidad, consumó el relegamiento político del Parlamento.
En los principales asuntos en que intervino, el Poder Legislativo suscribió con relativa docilidad los proyectos del gobierno. El impuestazo de Machinea, la cuestionada reforma laboral, la ampliación de la convertibilidad para incluir el euro, el impuesto a las transferencias financieras, el mecanismo de déficit cero, entre otros, fueron aprobados casi sin modificaciones y la única de relevancia que se recuerda es la supresión de la garantía de la recaudación fiscal para el pago de la deuda externa, lo que sin embargo no impidió al Ejecutivo volver a plantearla en estos días.
Puede decirse desde ya que la democracia argentina no mejorará su calidad si el Congreso sigue confinado al opaco rol de legitimar las iniciativas del Ejecutivo. Una oportunidad para el cambio se abrirá el 10 de diciembre próximo cuando se instale el nuevo Senado y se renueve la mitad de la Cámara de Diputados. Las principales propuestas legislativas que prepara la oposición justicialista parecen encaminadas a revertir la tendencia, y desde este punto de vista merecen atención, aun cuando resulte prematuro abrir juicio sobre sus resultados. Pero no se puede dudar de que reclamar la presidencia provisional del Senado y exigir a la Nación que coparticipe el impuesto al cheque con las provincias son acciones que, de consumarse, dotarán de mayor protagonismo a un poder básico de la República representativa y democrática.