Daniel Leñini
La gente mira y escucha los insultos entrecruzados de los antiguos socios Jorge Boasso y Departamento Ejecutivo municipal. De recordar los detalles que desencadenaron esta barata telenovela quizá aumente el desconcierto, desamparo y el convencimiento general de que "la política es sucia".
Vayan ligeros apuntes: en 1994 ingresaron al Concejo Municipal, con diferencia de un día, dos pedidos de investigación por presunta incompatibilidad de dos ediles: uno contra Evaristo Monti (presentado por los cavalleristas Urruty y Vitiello) y el restante, como réplica, contra el propio Boasso redactado por los peronistas Comba y Mc Guire.
Como para expulsarlo a Monti, que era lo que importaba, se necesitaban las dos terceras partes del cuerpo (25 sobre los entonces 36 integrantes) el voto de Boasso no se debía escapar. Por lo tanto los socialistas le perdonaron la vida al radical permitiéndole zafar con poco esfuerzo y la sola presentación de un escrito del abogado rosarino Antonio Chede.
No solo eso: en esa fecha el Concejo le aceptó la compatibilidad "restringida", es decir con la abstención para Boasso de intervenir como ejecutor fiscal frente a concesionarios municipales. Pero un año después, en 1996, con la anuencia de radicales, socialistas y entre éstos Raúl Lamberto que presidía la comisión de Gobierno, le ampliaron las facultades para que actúe sin restricciones.
Por lo tanto, quienes le hicieron la venia e incluso allanaron el camino al vehemente radical son los que hoy le declaran la guerra acusándolo de inmoral y se alarman de los cheques que le firmaron empresarios del transporte (Agustín Bermúdez).
A pocos le caben dudas que los roles de Boasso son incompatibles ética y moralmente; en una democracia avanzada esta discusión dura dos días.
Pero más allá de Boasso, son apropiadas otras preguntas para el intendente y secretarios del Ejecutivo. Por ejemplo, si es ético que uno de los funcionarios políticos de mayor peso en el gabinete sea apoderado legal (él o su familia) de una de las empresas telefónicas.
Sin vueltas: Binner encabeza las manifestaciones de intendentes de todo el país para que las telefónicas paguen el 2 por ciento por uso del espacio aéreo y resulta que el estudio jurídico del que forma parte su subsecretario de Gobierno, Pablo Saccone, principal colaborador de Bonfatti, es el representante de Telecom; empresa que amenazó concurrir a la Justicia si no se vetaba la norma, acto que finalmente De la Rúa cumplió.
También se podría preguntar si es ético que un arquitecto -Mario Corea- que cobra 2.500 pesos por mes de asesoramiento a la Municipalidad aparezca como socio en la actividad privada de la esposa del intendente (en la consultora C+C), quien a la vez es titular de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria de la comuna.
¿Quién entiende todo esto? Si no existiera la actual batalla entre los antiguos socios (recordar la boleta Bonfatti-Boasso del 97) que tan caro pagó el oficialismo en los comicios del pasado 14 de octubre, ¿andarían las copias de los cheques cobrados por Boasso por todos lados? Si un sospechado fuera un integrante del gabinete, ¿ventilaría los cheques el director del Banco Municipal, Daniel Pavicich, para que el mundo los vea?
Otra pregunta, pero esta vez para Boasso y cuya respuesta merece la población: él percibe dos sueldos (uno de la Municipalidad y otro de la Afip-DGI) que salen de las arcas públicas, del dinero de los contribuyentes. ¿Cómo hace para cumplir, mínimas, las 16 horas de trabajo a las que está comprometido moralmente y por las que el Estado le paga?
Y por último, relativo a las incompatibilidades: supongamos que Bermúdez (u otro transportista) le deba honorarios y se defina la licitación del transporte, ¿de qué estará más cerca Boasso, de bajarle el pulgar en el Concejo o permitirle continuar como concesionario y tener así mayor posibilidad de cobrar sus acreencias? ¿Privilegiará siempre el interés de la ciudad sin que se mezclen, en la visión de los problemas, el destino de concesionarios que le deben haberes?
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La Ciudad
