Si bien este es el primer caso de una mujer que acude a la Justicia rosarina para reclamar que se interrumpa un embarazo de un feto anencefálico, existen antecedentes jurídicos en otros puntos del país. El caso más resonado ocurrió en Capital Federal a principio de este año. Silvia T debió acudir hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se le interrumpiera la gestación de un feto de 26 semanas en la Maternidad Ramón Sardá. Si bien el Superior Tribunal de la ciudad de Buenos Aires había autorizado a los médicos a poner fin al embarazo, un asesor legal de incapaces interpuso un recurso extraordinario que llevó el caso al máximo tribunal, que terminó confirmando la resolución de primera instancia. En su voto, el ministro de la Corte Gustavo Bossert expresó que "en el presente caso la causa de la muerte del niño será la anencefalia y no la inducción del parto. Ello conduce a advertir que el simple objetivo de prolongar la vida intrauterina del nasciturus no puede prevalecer ante el daño psicológico de la madre que deriva del intenso sufrimiento de saber que lleva en su seno un feto desprovisto de cerebro y calota craneana, con viabilidad nula en la vida extrauterina".
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