Sin ninguna duda el caso de la joven rosarina desatará la polémica. Por estos días, en la ciudad de Santa Fe se registraron dos casos similares de fetos anencefálicos. Uno de ellos murió a poco de nacer y el otro aún está en el vientre de su madre.
"Esperamos hasta que la mujer cumple 25 semanas de gestación y provocamos el parto, ya sea por medios naturales, medicamentosos o cesárea", explicó a La Capital el director del Hospital Iturraspe de Santa Fe, Andrés Ellena, quien además preside el comité de ética de ese centro de salud.
El médico aclaró que "se espera hasta la semana 25 porque se considera que el feto ya es viable. Si en el momento del nacimiento el neonato sufre paros respiratorios o cardíacos no se le practican las maniobras de resucitación habituales, sino que se le brinda lo mínimo indispensable para vivir. No se trata de un aborto, sino de un neonato que no pudo vivir", aclaró.
En el Iturraspe se practica este tipo de intervenciones sin que el caso desfile por los Tribunales. "Sólo se necesita la autorización de los padres y del partero", dijo Ellena.
"La mortadela del sandwich"
"En estos casos, las mujeres se convierten en la mortadela del sandwich", disparó Perla Prigoshin, la abogada que llevó adelante el recurso de amparo presentado por Silvia T -ver recuadro "Antecedentes judiciales y el fallo de la Corte Suprema"-. La titular de la fundación Unos con Otros indicó que "los problemas para practicar abortos terapéuticos se dan en las clases sociales de escasos recursos" ya que quienes disponen de dinero "asisten a clínicas privadas donde no se pregunta nada y se interrumpe el embarazo".
Prigoshin remarcó que el aborto es un delito, pero señaló que en el Código Penal existe "la figura de aborto terapéutico que desincrimina a los médicos". Trascartón, aclaró que "un médico puede realizar la operación cuando corre riesgo la salud o la vida de la madre" y agregó que debe realizarse con la autorización de la paciente. "En esos casos, el profesional no puede ser atacado penalmente", dijo la abogada.
No obstante, señaló que "los médicos dicen que tienen que pedir autorización a la justicia, y los magistrados opinan que no pueden darle permiso antes de la operación". La letrada consideró que "en este ida y vuelta perverso de médicos y jueces la única perjudicada es la mujer".
La Ciudad
