El juez federal Claudio Bonadío decretó ayer la "inconstitucionalidad por nulidad insalvable" de las llamadas leyes de obediencia debida y punto final sancionadas por el gobierno de Raúl Alfonsín. La resolución se produjo en la misma causa en la que dictó un nuevo procesamiento, con prisión preventiva, al ex dictador Emilio Eduardo Massera, además de a otros cinco ex oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) y a un civil.
El juez calificó a Massera como jefe de una asociación ilícita que cometió privación ilegítima de la libertad, apoderamiento extorsivo de bienes, falsificación de documentos (destinados a acreditar la identidad de las personas) y falsedad ideológica de documentos públicos (sobre la transferencia de propiedades).
Además, el juez trabó un embargo de un millón de pesos sobre los bienes del Almirante Cero, con prisión domiciliaria desde noviembre de 1998 por su presunta participación en el robo de bebés nacidos en las cárceles clandestinas de la dictadura del períodos 1976-83.
En la misma resolución Bonadío decretó la inconstitucionalidad "por nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final, con lo que se convirtió en el segundo magistrado (después de su colega Gabriel Cavallo) que cuestiona esas dos normas que beneficiaron a represores de la última dictadura.
En una extensa sentencia -contenida en alrededor de 165 carillas y dictada con la intervención del secretario Pablo Bertuzzi- el juez también procesó a otros cinco ex jefes navales que actuaron en la Esma durante la represión dictatorial.
La huella del Tigre
Se trata de Jorge Tigre Acosta, Juan Carlos Rolón, Jorge Rádice, Francis Whamond y Jorge Perrén, quienes -al igual que un civil cuidador de caballos, Aldo Maver- quedarán detenidos por integrar una asociación ilícita que se apoderó de los bienes de detenidos-desaparecidos secuestrados en la Esma.
En el marco de la misma causa, Bonadío también reclamó al Consejo de la Magistratura la destitución de la jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García, a la que quiere tomar declaración indagatoria.
En ese expediente, el 12 de septiembre último el magistrado dispuso la "falta de mérito" del escribano Arnaldo Dardano, quien recuperó su libertad tras estar detenido poco más de un mes, pero sigue sometido a proceso.
Una fuente allegada a la causa confirmó que la "falta de mérito" de Dardano fue dispuesta por el magistrado ya que aún no pudo indagar a la jueza García, cuyo desafuero solicitó al organismo encargado de juzgar a los magistrados.
A Dardano se le imputa que cuando se desempeñaba como adscripto del escribano Ariel Sosa Moliné (fallecido) certificó la firma del secuestrado Conrado Higinio Gómez (actualmente desaparecido) en una supuesta transferencia de caballos de carrera de su propiedad el 28 de enero de 1977.
Ello ocurrió con Gómez y también con los empresarios Horacio Palma y Victorio Cerruti, propietarios de tierras en Chacras de Coria, provincia de Mendoza, fundos que fueron obligados a transferir en favor de sus captores.
Los tres hombres de negocios actualmente permanecen desaparecidos y, oportunamente, la Cámara indicó que este tipo de delitos no pueden ampararse en la denominada ley de obediencia debida y son imprescriptibles, confirmaron las fuentes.
Si la Cámara Federal confirma la resolución de Bonadío, Massera y sus supuestos cómplices serán sometidos a juicio por la apropiación de dinero, campos y caballos pura sangre pertenecientes a los desaparecidos Gómez, Cerruti y Palma.
En la causa que tiene Bonadío se investigan los hechos ocurridos cuando algún empresario o comerciante era secuestrado y trasladado a la Esma, donde un grupo encabezado por oficiales navales los obligaba a ceder sus bienes a sociedades integradas por sus represores o testaferros.
La Ciudad
